El resultado de la reapertura del diálogo entre los equipos negociadores es un acuerdo más claro que incorpora mejoras sintácticas y precisiones que limitan las posibilidades de interpretación que abundaban en el primer acuerdo. Aún así, la nueva propuesta no convence al total de la ciudadanía. Por esta razón, el presidente de la república optó por validar lo (re)acordado frente al Congreso, gesto que no ha sido bien recibido por sectores de la oposición, que reclaman al gobierno someter el acuerdo a una nueva refrendación popular.

La Corte Constitucional, entre tanto, ha manifestado que la aprobación por parte del Congreso puede entenderse como un mecanismo de refrendación popular, lo que ha dado valor y vigencia al acto legislativo para la implementación de los acuerdos. El gobierno asegura así el mecanismo del fast track, que le permite disminuir a la mitad el tiempo para la aprobación de las leyes relacionadas con la implementación del acuerdo, y le entrega la última palabra ante cambios que se pretendan realizar a los proyectos de ley.

Colombia ha dado un paso importante en la formulación de un acuerdo que desmoviliza a uno de los agentes más violentos de Latinoamérica

En el escenario señalado subyacen retos para la implementación del acuerdo y la construcción de escenarios para la reincorporación social de los desmovilizados que requieren de herramientas que trascienden el apoyo o descontento de las partes. El malestar de algunos sectores es comprensible, es un acuerdo que se aprueba ‘rompiendo’ las reglas de juego convenidas, lo que demuestra la debilidad del aparato estatal colombiano en sus múltiples instancias, que han apoyado un segundo escenario de aprobación bastante discutible. Por su parte, el apoyo a las nuevas formas para la refrendación es igualmente comprensible. La ilusión y la apuesta por el cambio constriñen a buena parte de la ciudadanía a preferir el fondo sobre la forma. Colombia ha dado un paso importante en la formulación de un acuerdo que desmoviliza a uno de los agentes más violentos de Latinoamérica, lo cual se traduce en la necesidad de no perder lo abonado y buscar diferentes maneras cosechar los frutos de lo pactado.

Los retos pendientes

¿Pero cuáles son los retos de la implementación por fuera del escenario legislativo? Los retos tienen que ver con permitir hacer. Los acuerdos han sido firmados y refrendados. La Corte Constitucional ha dado luz verde al acto legislativo para la implementación del acuerdo; es tiempo entonces de concentrar las acciones en la sociedad, en arar y preparar el terreno para cosechar un resultado duradero.

Es necesaria una educación incluyente en la que se respeten y destaquen los valores de integración y paz social

La respuesta a la pregunta sobre cómo reinsertar social y económicamente a los guerrilleros desmovilizados nace en el derecho mismo de los ciudadanos a recibir –y en obligación del estado de garantizar– una educación incluyente en la que se respeten y destaquen los valores de integración y paz social. Los acuerdos llevarán a la amnistía general de los excombatientes, pero también a la obligación de confesar crímenes y colaborar en la reparación de víctimas, tanto de forma material como ayudando a reconstruir un pasado violento y doloroso en el que reside la razón más fuerte para buscar la reconciliación nacional: construir una paz desde la verdad.

No es un escenario sencillo y no tendría por qué serlo al tratarse de un agente que ha puesto gran parte de la violencia vivida en Colombia. Pero son más las ganancias y mucho mejor el porvenir al lograr una implementación plena de lo pactado. Las concesiones hechas a la guerrilla no solo tienen que ver con reducción de penas o la apertura de espacios políticos para su participación, las concesiones incluyen rescatar los esbozos ideológicos que quedaron en algunos de sus defensores, en buscar mejores oportunidades para el campo, en estimular los movimientos sociales populares, en buscar espacios para que sean escuchados y valorados y, sobre todo, respetados física e ideológicamente.

Los acuerdos de desmovilización y la reconciliación no tienen futuro sino por medio de la formación y reinserción de miles de colombianos

Se trata de un acuerdo nacional para la reconciliación y la búsqueda de espacios de convivencia que generen debate y garantías y, por tanto, decisiones producto de escenarios democráticos dotados de una necesaria institucionalidad. Sin embargo, ni el reto institucional ni el de hacer coincidir voluntades políticas son los más importantes: para que todo esto sea posible es necesario incluir en los programas educativos las temáticas derivadas de los acuerdos, conocer los procesos históricos detrás de la violencia y hacer énfasis en la importancia vital que un acuerdo como el logrado tiene para la construcción de un estado moderno y pluralista. A los contenidos hay que sumar el enorme reto de mejorar el acceso a la educación y su calidad; lograr que los sectores más vulnerables se empoderen por medio de la escuela y accedan a las oportunidades que ella puede generar. Los acuerdos de desmovilización y el intento del gobierno Santos por abrir la puerta hacia la reconciliación no tienen futuro sino por medio de la formación y reinserción de miles de colombianos al mundo de las oportunidades.

Lo logrado por el equipo negociador en La Habana tiene un valor inconmensurable para las generaciones venideras y es por ello que los procesos deben tener en cuenta a los más jóvenes. Los partidos y movimientos políticos fruto del acuerdo, incluso la presencia de las FARC en el Congreso, tienen un futuro incierto en un país que con razón se abstiene de perdonar sus atrocidades y de creer su promesa de cambio de las armas por el debate. No obstante, este escenario que genera un sinsabor en analistas y en buena parte de la sociedad puede vencerse si las generaciones futuras comprenden la importancia de este paso y si los movimientos y partidos políticos que se formen a futuro parten de la constatación de que la violencia no se puede justificar desde ninguna ideología.

La implementación y la plena realización de los propósitos de mejora social pactados hacen parte de un proyecto que, como el pasado reciente ha mostrado (como la constituyente que permitió la Constitución del 1991), puede generar garantías, mejoras y la construcción de un estado moderno, incluyente y, por defecto, con un anhelo de paz.

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Siendo Boko Haram el grupo terrorista más letal del mundo en 2014,  los daños y el terror han golpeado fuerte esta región de África, donde “prácticamente un millón de niños no van a la escuela”, explica Njoku. La razón es simple: ya no tienen una escuela a dónde ir.

Boko Haram es un grupo considerado terrorista que se afincó en la región llamada Lago Chad de Nigeria, hace siete años y llevando consigo muerte, secuestros y violaciones. Aun así, “los medios de comunicación parecen haberse olvidado de esta región”, alerta el especialista en comunicación de Unicef Nigeria. En esta entrevista, Njoku pone en contexto el conflicto de Boko Haram, explica las iniciativas que se están llevando a cabo para paliar los daños en la vida de los niños y niñas desde Unicef y hace una petición a los periodistas y profesionales de la información.

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Situada en el punto de mira internacional, que ya celebraba la culminación de los más de 60 años de la guerrilla más vieja de América, los colombianos, ante la incredulidad de la comunidad internacional, incluso tuvieron tiempo de decir: “un momento”. Desde el realismo mágico, una mayoría de colombianos, así fuera mínima, señaló que el acuerdo de paz firmado no les convencía. A pesar de la motivación de poner fin a la guerra con las FARC, muchos ciudadanos se manifestaron en contra del acuerdo.

No importaba que, en el punto de mira internacional, se mirara con extrañeza la decisión tomada democráticamente. Colombia ocupó de nuevo las portadas. No sería la última vez en el año. El galardón del Nobel de paz llegó como una bocanada de aire fresco, como un escalón de apoyo para el presidente Juan Manuel Santos, quien estableció ese acuerdo de paz como la piedra angular de su doble mandato. A pesar de su resbalón, el Nobel alumbró un nuevo camino para un nuevo acuerdo, con mejores explicaciones y aclaraciones, entre el gobierno colombiano y las FARC.

Aika ofrece a partir de hoy una serie de reflexiones de diferentes colombianos que han analizado, trabajado o vivido directamente en el conflicto armado en Colombia

Más allá de las portadas, la ciudadanía colombiana volvió a vivir un clima de tensión en sus calles, en sus casas. El espacio de división social que tanto ha marcado la historia del país volvió a ser evidente. Estar a favor o en contra del acuerdo de paz situaba a quien defendía su posición en extremos que rememoraban los terribles años de La Violencia o de las diferentes guerras sucias entre traficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales. Poco había aprendido el país en el medio siglo de guerra. Es una situación aún palpable en muchos discursos de los ciudadanos colombianos.

Aika ofrece a partir de hoy una serie de entrevistas y reflexiones de diferentes colombianos que han analizado, trabajado o vivido directamente en el conflicto armado en Colombia. Los vaivenes del acuerdo de finalización del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC dan pie para pensar sobre el papel de la educación en la construcción tanto del imaginario de la guerra como del imaginario de la paz. Al mismo tiempo, invita a reconstruir el concepto de paz desde un significado amplio no ligado ni a una ideología ni a una disciplina específica.

Aproximaciones desde la música, la historia, los derechos humanos o la politología invitan a pensar en la paz en Colombia desde múltiples aristas. Aunque el acuerdo llegue a feliz término, como así ha sido a partir de la ratificación del mismo por el Congreso de la República de Colombia y de la aprobación de la ley de amnistía para las FARC, la implementación de los mismos debe respaldarse por toda la ciudadanía. Los textos recogidos intentan impulsar esa vinculación social con la construcción de una paz social, estable y duradera y realizan invitaciones para que diferentes actores sociales y políticos apuesten por el camino de la reconciliación nacional a partir del reconocimiento histórico de la diversidad.

Colombia vuelve al punto de mira, pero sólo como espacio analítico de construcción de posibilidades de postconflicto.

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