Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al último trimestre del año 2020, manifiestan que los usuarios de distintas edades que se aprovechan del mundo digital para llevar a cabo su ocupación experimentan entre ellos un desequilibrio social tanto en su uso como en su acceso. Ello da lugar a la consolidación de una brecha digital latente en la sociedad española la cual se ha visto reforzada debido a la pandemia del COVID-19. Esta brecha digital encarna a las personas mayores de 65 años, pues se caracteriza por ser una brecha de talle generacional.

Por otro lado, es preciso señalar que la conceptualización de brecha digital no se expresa mediante una definición universalmente aceptada, ya que  son varios los factores que la disgregan. Entre los múltiples factores que inciden en el fenómeno de la brecha digital, se destaca el factor económico, educativo, la localización geográfica, el sexo y la edad.

Uso de las TIC por Comunidades Autónomas en 2020

Esta gráfica se atañe a los últimos datos del INE en materia del Uso de las TIC. Esta nos muestra la panorámica actual del porcentaje de uso que se ha hecho de internet por parte de las comunidades autónomas. Se observa que en general la población de las respectivas comunidades autónomas han hecho un mayor uso de internet. No obstante, hay algunas comunidades autónomas que muestran unos porcentajes muy bajos en el uso de las TIC como es el caso de Galicia, Castilla y León o Murcia. Por otro lado, Madrid, Melilla, Ceuta y Cataluña presentan los porcentajes más altos en el uso de las TIC.

Uso frecuente de internet por edad y sexo

De acuerdo con los últimos datos del INE  sobre  el uso de las TIC en los últimos tres meses del 2020, indican que  la brecha digital que padecen las personas mayores en el seno de la sociedad actual española no es del todo evidente hasta que nos centramos en  unos grupos generacionales determinados, estas diferencias se hacen más evidentes cuando se comparan los grupos generacionales y el sexo de estos.

Los datos manifiestan que el uso de internet varía según la edad y según el sexo. De una muestra cuyos sujetos comprenden la edad de entre 16 y 74 años, los grupos generacionales que han hecho un uso frecuente de internet se corresponde a aquellos cuyas edades comprenden de los 16 hasta los 54 años.
La diferencia en el uso de estas tecnologías se hace evidente cuando procedemos a analizar los grupos generacionales que comprenden las edades de 55 hasta los 74 años.

Estos datos nos muestran que el uso de internet varía según la edad y el sexo de los usuarios. En esta misma línea analítica observamos que el porcentaje de uso de internet, que se corresponde al último grupo de edad que comprende de los 65 hasta los 74 años, es muy bajo. En este caso podemos afirmar que el aumento de edad reduce considerablemente el uso de estas tecnologías. Adicionalmente, cabe señalar que no se trata del mismo porcentaje que representa el uso de internet por parte de los hombres que por el lado de las mujeres.

En los últimos tres meses del presente año, un 64,0% de los hombres de 65 a 74 años han utilizado el internet de forma frecuente mientras que en el caso de las mujeres se corresponde a un 64,4% dentro de este grupo de edad.

Usuarios TIC por grupos de edad

En esta gráfica, se examina que el internet es casi un fenómeno universal en los más jóvenes, ya que el porcentaje de uso que han hecho de internet en los últimos tres meses del año 2020 se posiciona en un 99,8%. Sin embargo este gran número comparado con los grupos de edad de 55 años hasta los 74 cae drásticamente. La diferencia es mucho más notoria en el grupo de edad que comprende desde los 65 hasta los 74 años cuyo porcentaje de uso de internet se posiciona en torno al 69,7%.

Compras por internet por grupos de edad

En cuanto a las compras por internet, se demuestra que el acopio se halla en el grupo de edad que comprende desde los 25 hasta los 34 años. En este grupo se manifiesta que el 73,2% de estas personas han comprado por internet en los últimos tres meses. Ello es debido a que este grupo de edad suele tener mayor independencia económica respecto a los jóvenes de 16 a 24 años.

A medida que la edad aumenta, el porcentaje de personas que compran en internet disminuye, siendo la población cuyas edades comprenden desde los 55 hasta los 74 los que menos compran por internet pues. Solo el 57,7% de estos grupos ha comprado por internet en los últimos tres meses.

Llegados a este punto, conviene recalcar que acaece un importante porcentaje de ciudadanos que disponen de acceso a las TIC, no obstante, pero no aprovechan las preeminencias  cosa que induce a una desigualdad digital. Esta desigualdad es causada por un menguado uso de las nuevas tecnologías, ya que  los usuarios muestran carencias en las competencias y habilidades digitales. La brecha digital lleva a la marginación informática y otras desigualdades que siguen en auge.

Por otro lado, los datos ofrecidos por el INE, IDESCAT y  el Eurostat revelan que las personas mayores necesitan una mayor alfabetización digital así como un mayor conocimiento con tal de reducir la brecha digital generacional y fomentar la e-inclusión.

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España busca colocarse a la vanguardia de la protección de derechos digitales, según el comunicado publicado en la página web de La Moncloa. Este primer borrador presenta un total de 25 artículos que buscan regular derechos como el pseudonimato, el derecho a no ser localizado y perfilado o la herencia digital, entre otros temas. La Carta de Derechos Digitales supone un paso importante en el derecho digital. Sin embargo, todavía no se ha elaborado un documento en conjunto para el continente europeo. A continuación, analizamos otras cartas de derechos digitales para saber qué mantienen en común y en qué difieren: 

La Carta de las Naciones Digitales

Diez países han formado las Nacionales Digitales (DN) comprometiéndose a trabajar en una serie de principios en favor del desarrollo digital. Canadá, Dinamarca, Estonia, Israel, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Uruguay son los países que conforman las DN. A través de esta carta, los países se comprometen a trabajar en los siguientes principios:  

1. En las necesidades de los/as usuarios/a con los servicios públicos.
2. Estándares abiertos. 
3. Sistemas de código abierto.
4. Mercados abiertos para el crecimiento económico.
5. Ser miembro de la Asociación de Gobierno Abierto y utilizar licencias abiertas (transparencia). 
6. Conectividad completa y de alta calidad.
7. Políticas de educación digital para desarrollar habilidades digitales en niños/as, jóvenes y personas adultas. 
8. Apoyar a la ciudadanía en el uso de servicios digitales.
9. Compromiso de compartir y aprender, ayudando a los demás donde sea posible.

A través de esta carta, los diferentes países se comprometen a trabajar en conjunto para contribuir hacia gobiernos más digitales y avanzar. La Carta se puso en marcha en noviembre de 2019, aunque no es “jurídicamente vinculante”. Mantiene algunos puntos en común con la Carta de Derechos Digitales española, aunque en esta última los conceptos son mucho más concretos sobre lo que se quiere hacer. 

Carta de los Derechos Digitales fundamentales de la Unión Europea

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius es una fundación cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación. Esta entidad elaboró un primer borrador en noviembre de 2016 en alemán, inglés, francés y castellano que se presentó al Parlamento Europeo. En 2018, se hizo la última revisión de la Carta de Derechos Digitales Fundamentales de la Unión Europea firmada por personas expertas alemanas. La Carta se considera un “manifiesto político en forma de instrumento legislativo” a través de la que se presentan diferentes derechos, libertades y principios que la Unión Europea reconoce:

Los artículos recogidos en esta Carta presentan similitudes con la presentada por el Gobierno de España. Esto se debe a que los países de la UE actúan bajo los mismos derechos y principios. Sin embargo, el borrador de la Carta de Derechos Digitales español resulta innovador por ser el primero en ser presentado por el gobierno de un país y por el sistema de participación ciudadana. 

Una carta de derechos digitales para responsables políticos

European Digital Rights (EDRi) es una asociación sin ánimo de lucro internacional que trabaja en favor de los derechos civiles. Está formada por 33 organizaciones de 19 países europeos cuyo objetivo es “promover, proteger y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en el entorno digital”. Esta entidad publicó una Carta de Derechos Digitales dirigida a responsables políticos en las elecciones europeas de 2014. 

Esta carta de derechos de EDRi está compuesta de diez principios fundamentales y uno transversal que afecta a los anteriores. Los principios son los siguientes: 

1. Promoveré la transparencia, el acceso a los documentos y la participación ciudadana. 
2. Apoyaré legislación a favor de la protección de datos y de la privacidad. 
3. Defenderé el acceso ilimitado a Internet y los servicios en línea.
4. Promoveré la actualización de la legislación sobre los derechos de autor. 
5. No apoyaré medidas de vigilancia total y sin control. 
6. Promoveré el anonimato en línea y la criptografía. 
7. No apoyaré la aplicación privatizada fuera del imperio de la ley. 
8. Apoyaré el control de las exportaciones de tecnologías de vigilancia y censura. 
9. Defenderé el principio de multisectorialidad. 
10. Promoveré el software libre (y el software de código abierto).

El principio transversal que afecta a los diez anteriores es la defensa de la democracia y el Estado de derecho. EDRi sostiene que la “Unión Europea es una unión basada en la democracia y el Estado de Derecho”, de ahí la importancia de que sus políticos/as defiendan este principio fundamental. 

Algunos de los principios que se ven reflejados en esta carta de derechos coinciden con el borrador de la Carta de Derechos Digitales de España. Por ejemplo: transparencia, participación ciudadana, la legislación en la protección de datos y de la privacidad, los derechos de autor o el pseudonimato, una de las principales novedades que recoge la carta. 

La voz de las personas expertas

El pasado jueves 26 de noviembre se celebró un seminario web sobre “Derechos digitales y alfabetización mediática” organizado por Foro de Foros y en colaboración con Alfamedia. Un seminario que ha contado con voces expertas como José Lucea, Jefe de Área de Servicios Digitales en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Paloma Contreras, Profesora e Investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja; Manuel Pinto, Profesor Catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Minho y José Manuel Pérez Tornero, Periodista y Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Marta Pellico, Directora Ejecutiva de ICMEDIA, ha sido la encargada de moderar el debate entre los participantes.

La Carta de Derechos Digitales ha sido la gran protagonista del evento. José Lucea ha recalcado que esta carta no tiene carácter normativo, pero es “importante el hecho de que tenga el mayor consenso de la sociedad civil”. Paloma Contreras también ha señalado el valor de la misma: “La carta es muy poderosa en cuanto a la intención, porque pone a la persona en el centro”. José Manuel Pérez Tornero ha centrado el discurso en la necesidad de “homogeneizar” los conceptos de esta carta con el resto de Europa y buscar una solución común.

Los expertos/as han puesto un gran foco de atención en la alfabetización mediática e informacional. Según Manuel Pinto, “la alfabetización mediática es un derecho fundamental hoy en día”, algo en lo que han coincidido todos/as. Sin embargo, no se hace mención explícita a ella en la Carta de Derechos Digitales y, cada vez más, se hace más necesaria. 

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Desde el pasado 15 de junio, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial lleva trabajando en la elaboración del texto a través de un grupo de personas expertas en materia de derechos digitales. Este documento es innovador tanto por el contenido de la Carta como por su elaboración participativa con la ciudadanía en España. Sin embargo, todavía queda concretar algunos derechos para que no resulten contradictorios entre sí, así como esperar propuestas para la redacción final del documento. 

¿Qué temas aborda la carta?

El documento se divide en cinco apartados de derechos con un total de 25 artículos. A continuación se explican y se detallan brevemente el contenido de cada uno de ellos: 

Derechos de libertad

Derechos de igualdad 

Derechos de participación y de conformación del espacio público

Derechos del entorno laboral y empresarial

Derechos digitales en entornos específicos

La alfabetización mediática, la gran ausente

La Carta de Derechos Digitales pone de manifiesto temas fundamentales para los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Un documento innovador que pretende regular el entorno digital. Sin embargo, personas expertas coinciden en la necesidad de mejorar varios aspectos del texto. 

La alfabetización mediática e informacional es un “arma” fundamental para las personas para luchar contra la desinformación. Entidades como la UNESCO llevan años trabajando para tratar de implementar desde la educación en esta materia. De hecho, en los últimos meses se han podido observar numerosas iniciativas y proyectos que tratan de aportar su granito de arena para concienciar de la importancia de la alfabetización mediática en la población. A pesar de ello, no se incluye ninguna noción a esta materia en la Carta de los Derechos Digitales. 

Hasta el próximo 4 de diciembre se pueden hacer llegar las diferentes propuestas para la redacción final del documento al correo electrónico habilitado: derechosdigitales@economia.gob.es. Una carta con la que se busca colocar a España “a la vanguardia de la protección de los derechos digitales”. 

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El confinamiento ha disparado la violencia contra menores, según denuncia la Fundación ANAR. Desde la declaración del estado de alarma hasta hoy, esta fundación ha atendido 11.682 peticiones (2.151 casos graves) a través de sus diversos canales. “ANAR prevé que el 76,7% de los niños/as y adolescentes tendrán problemas psicológicos durante la desescalada”, afirman en su web. Una problemática grave y que evidencia la necesidad de esta nueva Ley de Infancia con la que salvaguardar a los menores. 

Tarde, pero necesaria

La aprobación de esta ley ha tenido un camino muy largo hasta llegar a 2020. Fue pospuesta hasta en dos ocasiones. Una, por el anuncio de elecciones en 2019 y otra, por la pandemia del coronavirus. Según indicó Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, esta ley “llega tarde” y pidió perdón a todos los niños/as que han sufrido violencia y abusos. 

Con esta nueva ley, España introduce una mejora para salvaguardar los derechos de niños/as y adolescentes. El informe mundial sobre la infancia 2019: “Infancias Robadas” de Save The Children situó a España en el puesto número 13 en el ranking de países que más protegen la infancia. Lidera la clasificación Singapur, seguido de ocho países europeos y de Corea del Sur. 

Diferencias y similitudes de la nueva ley

La nueva Ley de Infancia aglutina mejoras para salvaguardar los derechos de niños/as y adolescentes. Uno de los cambios más significativos es el aumento del plazo de prescripción por delito de abusos sexuales a menores. Esta ley propone que empiece a contar a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años de edad. Actualmente, el plazo empieza a contar a partir de que la víctima cumple 18 años. Aunque supone una mejora, otros países como Australia o Reino Unido contemplan en su legislación que el delito no prescriba. También se acoge esta norma en algunos estados de Estados Unidos. 

Otro de los cambios es la inclusión de obligatoriedad a la hora de denunciar abusos sexuales a menores. La nueva ley obliga a cualquier persona conocedora de los hechos a denunciar, especialmente, profesionales que tengan contacto habitual con la víctima, así como familiares cercanos o cónyuge del agresor. Australia, por ejemplo, obliga a profesionales (profesorado, médicos/as, enfermeros/as, etc.) a informar sobre casos de abuso infantil. 

Esta nueva Ley de Infancia también incluye unidades de especialización para el apoyo y prevención de los abusos. Además de regular la protección del menor de edad en Internet. A continuación, se adjunta una tabla de datos donde se pueden observar las similitudes y diferencias que muestra esta ley con otras similares en Australia, Estados Unidos y Reino Unido: 

Fe de errores a 19/04/2021: En España, se ha ampliado hasta la edad de 35 años (no 30) la prescripción de los delitos.

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La nueva Ley de Infancia también se le conoce como “Ley Rhodes”, por el pianista británico James Rhodes. Fue víctima de abusos sexuales cuando era un niño y ha sido muy activo para la aprobación de esta ley. A él se suman oenegés y organizaciones como UNICEF, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) o Save The Children, entre otras. La participación de diferentes organismos ha sido fundamental para lograr elaborar este anteproyecto de ley. 

Según los datos publicados en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, en 2018 se denunciaron 5.382 casos de violencia sexual hacia niños/as en España. El informe también señala un aumento de violencia en el ámbito familiar en el periodo de 2017 a 2018. Estos datos reflejan el desamparo al que muchos menores de edad están sometidos y la necesidad de crear una ley de protección. A continuación, enumeramos los principales cambios que acoge esta ley, según el borrador consultado.

Aumento de la prescripción de delitos graves

El cambio más significativo, en comparación a la ley actual, es el aumento de la prescripción de los delitos. Actualmente, el plazo de prescripción cuenta a partir de que la víctima cumple 18 años. Esta ley propone que empiece a contar a partir de que la víctima haya cumplido los 35 años de edad. Era una de las peticiones de organizaciones y asociaciones de víctimas de abusos sexuales. 

Otra de las novedades que acoge esta ley es la obligación de denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos del agresor/a cuando se trate de un delito grave contra un/a menor de edad. En general, la ley obliga a comunicar cualquier situación violenta en niños/as y adolescentes, especialmente, los colectivos profesionales que tengan contacto habitual con los menores. 

En el anteproyecto de ley también se contempla el delito de sustracción de menores: “Se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal el progenitor que únicamente tenga en su compañía al menor de edad en un régimen de estancias”. Además se impone la pena de privación de la patria potestad por homicidio o por asesinato cuando autor y víctima tengan un hijo/a en común o cuando la víctima sea hijo/a del autor.

Nace la figura del coodinador/a de bienestar

A partir de esta ley se crea la figura del coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos. Su función será preservar el funcionamiento de los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso y cualquier tipo de violencia. Al conocer la creación de esta figura, trabajadores sociales en redes han manifestado la necesidad de reivindicar la labor de este colectivo.

La nueva ley promoverá la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia en los centros de Educación Superior. Además de garantizar el acceso universal de los niños/as y adolescentes que se encuentren en situaciones de violencia a servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. 

En el anteproyecto de ley también se contempla la creación de la figura del delegado de protección en entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con menores. Su función es similar a la del coordinador/a de bienestar, informando y apoyando a niños/as y adolescentes para el cumplimiento de los protocolos de actuación. 

Prevenir, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia son la base de los protocolos de actuación en los centros de protección. La ley especifica que los protocolos deben contemplar los temas de trata de seres humanos, el abuso y la explotación sexual de menores de edad que residan en dichos centros. 

Especialización en los juzgados y nuevos delitos

Esta ley aporta una nueva regulación a los delitos de odio. Se incorpora la edad como causa de discriminación tanto en niños/as o adolescentes como en adultos de edad avanzada. Así mismo la ley endurece las condiciones y permisos penitenciarios para aquellas personas que estén penadas por delitos contra la indemnidad y la libertad sexual de menores de 16 años. 

Uno de los cambios más aclamados es que la víctima tendrá que hacer una única narración de los hechos ante el Juzgado de Instrucción. Esta medida trata de evitar que la víctima tenga que relatar de manera reiterada los hechos y volver a sufrir lo vivido. Se contempla en el caso de que la víctima sea una persona menor de 14 años o con discapacidad. 

La nueva Ley de Infancia evidencia la necesidad de regular formación especializada en las carreras judicial y fiscal. También se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicas y locales cuenten con unidades especializadas en la prevención de situaciones violentas contra menores de edad. Otra de las novedades es que las personas funcionarias que trabajan en servicios sociales se les atribuye la condición de agentes de la autoridad. 

La Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria se modifica para asegurar el derecho a niños/as y adolescentes a ser escuchados y garantizando su intimidad. También regula las condiciones y el procedimiento de acogida transfronteriza de menores procedentes de la UE o de un Estado parte del Convenio de la Haya de 1996.

Protección del menor en Internet

La regulación de los menores de edad en Internet también se contempla a través de esta ley con algunos cambios significativos. En primer lugar, regulando las actuaciones públicas dirigidas al uso responsable de la red para aquellos profesionales que trabajen con menores. A ello se suma la creación de nuevos delitos para evitar conductas delictivas a través de soportes tecnológicos que pongan en riesgo la integridad del menor. Por ejemplo: incitación al suicidio, autolesión o trastornos alimenticios. 

En relación a la gestión de los datos, se va a regular un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar que no se vulnere ningún derecho en relación a los datos personales. También se va a regular la publicidad, prohibiendo aquella que incite a la violencia o incluyan estereotipos sexistas, racistas, estéticos, homófobos o transfóbicos.

Refuerzo y aumento de dotación presupuestaria

Esta nueva ley reconoce el derecho a la asistencia jurídica de los menores, independientemente de su situación económica. Además de garantizar el apoyo y la atención integral a niños/as y adolescentes víctimas de violencia. 

Todo hace indicar que habrá un aumento de la dotación presupuestaria en la Administración de Justicia y de los Servicios Sociales para cumplir con las nuevas obligaciones por esta ley. También habrá un refuerzo de las actuaciones de sensibilización, detección y prevención dirigidos para la erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia. Queda patente en la misma el apoyo público para prevenir desde primera infancia factores de riesgo y apoyar la labor educativa. 

Una ley con luces y sombras

La nueva ley incluye mejoras, pero algunas asociaciones y expertas consideran insuficiente algunos aspectos. El anteproyecto de ley parte de una concepción de familia como unidad básica, pero no contempla de manera explícita la violencia o los abusos sexuales intrafamiliares. Según los datos del Consejo de Europa en 2010, el 85% de los abusadores de menores son personas queridas y respetadas por la víctima.

Una de las curiosidades que se observan al leer el documento del anteproyecto es la ausencia para hablar de “abusos sexuales”. Durante todo el texto se hace referencia a la violencia, pero no aparece de manera explícita, siendo uno de las problemáticas más recurrentes en España.

El documento tampoco hace alusión al Síndrome de Alienación Parental (SAP), un supuesto síndrome que no cuenta con investigaciones científicas que lo avalen. Incluso el Consejo General del Poder Judicial indica que es “el SAP es una teoría abiertamente pedófila carente de base científica que está provocando situaciones de riesgos para los niños/as”. A pesar de ello se sigue aplicando en sentencias judiciales.

Aunque hay cambios que mejoran el panorama, existen algún artículo que no satisface a todos. Esta nueva ley atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los menores de edad a ambos progenitores. De tal manera que se requiere el consentimiento de ambos o una autorización judicial para el traslado del menor.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley el pasado 9 de junio está todo preparado para que inicie su tramitación parlamentaria. 

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La brecha digital abarca mucho más que la problemática de la conexión a Internet. Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología, distingue entre tres tipos de brecha digital que considera que se han acentuado durante la crisis del coronavirus: 

• Brecha de acceso: es aquella que posibilita o imposibilita la conexión y el acceso a soportes tecnológicos. En esto influyen factores geográficos y también económicos, porque las cifras varían en función a ellos, según los datos de un estudio de la Fundación Cotec.
• Brecha de uso: esta hace referencia al tiempo de uso y la calidad del mismo. Nuevamente, los factores citados en el párrafo anterior vuelven a influir sobre esta. La Unión General de Trabajadores (UGT) denuncia en su web que “más de un millón de personas no tienen acceso a una conexión de calidad” en España.
• Brecha escolar: Fernández Enguita habla de este tipo de brecha para referirse a las habilidades del profesorado, así como las plataformas y recursos online que se habilitan como apoyo a la enseñanza del alumnado.

La brecha digital en educación

La escuela se ha trasladado a los hogares durante el confinamiento. Millones de niños/as y jóvenes se han visto obligados a continuar su formación telemáticamente. Los colegios e institutos han desarrollado diferentes tareas online, apoyándose en plataformas educativas. Sin embargo, no todos los hogares disponen de las mismas oportunidades para continuar la formación desde casa. 

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), costaría poco más de 45 millones acabar con la brecha digital educativa. Esta consistiría en dotar al alumnado de los soportes necesarios y la conexión a Internet para continuar con la formación desde casa. Los hogares afectados son 301556 los que se encuentran en esta situación, según datos de la última encuesta TIC-H del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019. El estudio señala que tendría un coste medio de 150 euros por hogar.

Muchos estudios tratan de prever cuál va a ser el impacto de la crisis del coronavirus en la comunidad educativa. Pero lo cierto es que todavía existe incertidumbre acerca del regreso a las aulas de cara al próximo curso. Señalan la posibilidad de hacer una enseñanza semipresencial, pero eso seguiría excluyendo al alumnado con carencias económicas. Algunas comunidades autónomas han facilitado dispositivos electrónicos a hogares vulnerables y que puedan continuar su formación, pero no son suficientes. 

Inversión en infraestructuras

La crisis del coronavirus ha provocado un incremento en el uso de Internet. Teletrabajo, estudiar desde casa, videollamadas y el traslado del ocio a la red han sustituido la rutina habitual. Todo ello evidencia la necesidad en España de invertir en infraestructuras que permita a los núcleos rurales contar con lo necesario para poder estar conectados. 

En enero de 2020, el 15% de la población en España no tenía acceso a banda ancha, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La velocidad de 30 Mbps se considera un estándar mínimo de acceso, pero siguen existiendo localidades que no cuentan con una velocidad aceptable en su conexión. Así está distribuida la cobertura en España por comunidades autónomas, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales: 

En España, 1618 núcleos de población no disponen de acceso a la velocidad mínima citada. La conectividad en todo el país es todavía hoy una tarea pendiente de resolver, si bien es cierto que con los años las cifras han mejorado. La actual crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de muchas localidades que luchan por tener las mismas oportunidades. 

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Perspectivas es una línea de investigación adelantada por el Gabinete de Comunicación y Educación del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB que pretende entregar proyecciones sobre el futuro inmediato de diferentes países frente a la implementación de las TIC en la educación primaria y secundaria. Las proyecciones realizadas reposan sobre las opiniones de más de 100 expertos en la materia.

De acuerdo con los estudios, el contexto de los dos países latinoamericanos se ve marcado por un escenario de anticipación, donde los expertos consideran muy posible la implementación de servicios digitales aun cuando sus países no cuentan con una infraestructura suficiente. Mientras el contexto español está definido ya por una visión de dotación de tecnologías educativas, así como de puesta a disposición de servicios educativos digitales, esta tendencia en Colombia y México se observa posible solo dentro de unos años para poder comprenderse como general. La serie de estudio, que también indaga sobre las pedagogías utilizadas, observa una tendencia hacia la implementación de metodologías híbridas que se basan (apoyan) en el uso de nuevas tecnologías pero que mantienen relación con las prácticas tradicionales de clase. No obstante, en el escenario futuro mediano (hacia 2020), se prevé que métodos pedagógicos altamente centrados en las TIC sean ya generales.

Cambios metodológicos

Perspectivas estudia diferentes métodos pedagógicos, entre ellos el trabajo por proyectos, el aprendizaje analítico apoyado por el uso de ordenadores, el aprendizaje enfocado a la solución de problemas, el aprendizaje por exploración, la flipped classroom, el aprendizaje móvil, el aprendizaje colaborativo y el enfoque pedagógico por competencias.

En cuanto a la implementación de las metodologías actuales, el estudio describe una tendencia homogénea hacia su generalización. Igualmente, salvo por el aprendizaje analítico apoyado por ordenador, que se ve más cercano en España, los pronósticos de los expertos encuestados coinciden en una muy posible integración de los diferentes métodos indagados en el mediano plazo. De acuerdo a los autores, los cambios relacionados con las prácticas y metodologías dependen de dos variables determinantes en cuanto a su ritmo y rumbo. Por un lado, se evidencia que los cambios en las tecnologías, como elementos de ruptura, constriñen a la utilización de nuevos elementos técnico-tecnológicos de manera constante. Por el otro lado, se indica, la adaptación natural de las prácticas y metodologías de enseñanza a las nuevas exigencias, tiempos y espacios suponen una redefinición constante de las mismas que incluye de manera sistemática el uso de equipamiento y servicios digitales.

Es por ello que en los tres países analizados se observan tendencias de implementación cercanas de pedagogías como el aprendizaje por proyectos, del cual se desprenden –fuertemente relacionados– adelantos como el aprendizaje móvil y el colaborativo. La introducción de sistemas de gestión de contenidos constituye, por ejemplo, una constante en el reforzamiento de este tipo de pedagogías y se observa ya como posible de acuerdo a los expertos de los tres países. La relación de estas pedagogías con la adquisición de capacidades críticas, resume el estudio, tiene que ver con la creación de un camino alternativo que permite el afianzamiento de habilidades investigativas de búsqueda y de procesamiento de información, lo que es importante en un entorno marcado por la generalización de enfoques como el competencial (o por competencias) en los tres países muestreados. Destaca, en este mismo sentido, el proceso de implementación vigente del trabajo por proyectos, el cual supone una inversión de los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje y una mayor dependencia en las tecnologías tanto para el acceso a los contenidos, como para su gestión y evaluación e, incluso, para el control por parte de los maestros.

Cambios tecnológicos y servicios digitales

El estudio indaga sobre la implementación de tecnologías como proyectores en las aulas, pizarras electrónicas, tabletas, teléfonos inteligentes, wifi en el aula, sistemas de producción audiovisual, impresora, impresora 3d, robots. Así mismo sobre la utilización y apropiación de servicios educativos digitales como libros de texto digitales, entornos digitales de gestión del aprendizaje, redes sociales educativas, sistemas colaborativos apoyados en el uso de ordenadores, recursos educativos digitales abiertos, blogs y micro-blogs, MOOC, computación en la nube, realidad aumentada, geo-localización al servicio de la educación, simuladores interactivos, juegos educativos en red, wikis educativos.

Tanto en Colombia como en México se observa un fenómeno particular: se prevén los cambios pedagógicos uno o dos años por delante de la implementación tecnológica. Por su parte, dicha implementación se ve como posible al menos tres años antes en España que en Colombia y México. Las tecnologías expositivas (para ilustrar: proyectores, incluso wifi) se entienden ampliamente generalizadas en España y próximas en los países americanos. Igual sucede con la pizarra digital. Las tabletas y teléfonos inteligentes, aunque guardan una distancia de implementación similar entre España y los otros dos, se consideran como de integración posible solo a partir de 2017 en el país europeo. Tecnologías más desafiantes, como las impresoras 3D y los robots educativos, tienen un escenario de implementación mucho más incierto en el tiempo, aunque con una certeza sobre su implementación bastante generalizada entre los expertos de los tres países.

Los servicios digitales, por su parte, se consideran en camino de implementación. Los expertos coinciden en que en menos de cinco años estos estarán implementados en los tres países. Se mantiene la tendencia observada en México y Colombia, en la que su integración se considera posible al menos un año antes de la del grueso de dispositivos digitales indagados.

Visión en conjunto

El futuro de las aulas en los tres países se ve marcado por transformaciones estructurales que trascienden la mera implementación tecnológica, lo que –concluye el estudio– supone un proceso de transformación real de los procesos educativos, aunque aún en estado embrionario. Las respuestas de los expertos mexicanos y colombianos dan cuenta de un proceso de cambio en curso que afecta ya las pedagogías empleadas en la escuela y que se basa, sobre todo, en una convicción sobre una futura integración tecnología.

La serie Perspectivas explica a manera de conclusión que los escenarios de implementación tanto de tecnologías como de pedagogías y servicios digitales son similares en los tres países. El panorama español difiere en cuanto a un estadio de dotación actual mayor, pero no por tanto de proyección en cuanto a la integración de servicios y pedagogías. Las posibilidades de implementación, calculadas sobre el número de respuestas afirmativas de los expertos nacionales, es similar en los tres países y responde a un consenso en cuanto al rumbo en que la educación se mueve, el cual observa atentamente la alta permeabilidad de las prácticas docentes por la tecnología.

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