España busca colocarse a la vanguardia de la protección de derechos digitales, según el comunicado publicado en la página web de La Moncloa. Este primer borrador presenta un total de 25 artículos que buscan regular derechos como el pseudonimato, el derecho a no ser localizado y perfilado o la herencia digital, entre otros temas. La Carta de Derechos Digitales supone un paso importante en el derecho digital. Sin embargo, todavía no se ha elaborado un documento en conjunto para el continente europeo. A continuación, analizamos otras cartas de derechos digitales para saber qué mantienen en común y en qué difieren: 

La Carta de las Naciones Digitales

Diez países han formado las Nacionales Digitales (DN) comprometiéndose a trabajar en una serie de principios en favor del desarrollo digital. Canadá, Dinamarca, Estonia, Israel, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Uruguay son los países que conforman las DN. A través de esta carta, los países se comprometen a trabajar en los siguientes principios:  

1. En las necesidades de los/as usuarios/a con los servicios públicos.
2. Estándares abiertos. 
3. Sistemas de código abierto.
4. Mercados abiertos para el crecimiento económico.
5. Ser miembro de la Asociación de Gobierno Abierto y utilizar licencias abiertas (transparencia). 
6. Conectividad completa y de alta calidad.
7. Políticas de educación digital para desarrollar habilidades digitales en niños/as, jóvenes y personas adultas. 
8. Apoyar a la ciudadanía en el uso de servicios digitales.
9. Compromiso de compartir y aprender, ayudando a los demás donde sea posible.

A través de esta carta, los diferentes países se comprometen a trabajar en conjunto para contribuir hacia gobiernos más digitales y avanzar. La Carta se puso en marcha en noviembre de 2019, aunque no es “jurídicamente vinculante”. Mantiene algunos puntos en común con la Carta de Derechos Digitales española, aunque en esta última los conceptos son mucho más concretos sobre lo que se quiere hacer. 

Carta de los Derechos Digitales fundamentales de la Unión Europea

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius es una fundación cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación. Esta entidad elaboró un primer borrador en noviembre de 2016 en alemán, inglés, francés y castellano que se presentó al Parlamento Europeo. En 2018, se hizo la última revisión de la Carta de Derechos Digitales Fundamentales de la Unión Europea firmada por personas expertas alemanas. La Carta se considera un “manifiesto político en forma de instrumento legislativo” a través de la que se presentan diferentes derechos, libertades y principios que la Unión Europea reconoce:

Los artículos recogidos en esta Carta presentan similitudes con la presentada por el Gobierno de España. Esto se debe a que los países de la UE actúan bajo los mismos derechos y principios. Sin embargo, el borrador de la Carta de Derechos Digitales español resulta innovador por ser el primero en ser presentado por el gobierno de un país y por el sistema de participación ciudadana. 

Una carta de derechos digitales para responsables políticos

European Digital Rights (EDRi) es una asociación sin ánimo de lucro internacional que trabaja en favor de los derechos civiles. Está formada por 33 organizaciones de 19 países europeos cuyo objetivo es “promover, proteger y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en el entorno digital”. Esta entidad publicó una Carta de Derechos Digitales dirigida a responsables políticos en las elecciones europeas de 2014. 

Esta carta de derechos de EDRi está compuesta de diez principios fundamentales y uno transversal que afecta a los anteriores. Los principios son los siguientes: 

1. Promoveré la transparencia, el acceso a los documentos y la participación ciudadana. 
2. Apoyaré legislación a favor de la protección de datos y de la privacidad. 
3. Defenderé el acceso ilimitado a Internet y los servicios en línea.
4. Promoveré la actualización de la legislación sobre los derechos de autor. 
5. No apoyaré medidas de vigilancia total y sin control. 
6. Promoveré el anonimato en línea y la criptografía. 
7. No apoyaré la aplicación privatizada fuera del imperio de la ley. 
8. Apoyaré el control de las exportaciones de tecnologías de vigilancia y censura. 
9. Defenderé el principio de multisectorialidad. 
10. Promoveré el software libre (y el software de código abierto).

El principio transversal que afecta a los diez anteriores es la defensa de la democracia y el Estado de derecho. EDRi sostiene que la “Unión Europea es una unión basada en la democracia y el Estado de Derecho”, de ahí la importancia de que sus políticos/as defiendan este principio fundamental. 

Algunos de los principios que se ven reflejados en esta carta de derechos coinciden con el borrador de la Carta de Derechos Digitales de España. Por ejemplo: transparencia, participación ciudadana, la legislación en la protección de datos y de la privacidad, los derechos de autor o el pseudonimato, una de las principales novedades que recoge la carta. 

La voz de las personas expertas

El pasado jueves 26 de noviembre se celebró un seminario web sobre “Derechos digitales y alfabetización mediática” organizado por Foro de Foros y en colaboración con Alfamedia. Un seminario que ha contado con voces expertas como José Lucea, Jefe de Área de Servicios Digitales en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Paloma Contreras, Profesora e Investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja; Manuel Pinto, Profesor Catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Minho y José Manuel Pérez Tornero, Periodista y Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Marta Pellico, Directora Ejecutiva de ICMEDIA, ha sido la encargada de moderar el debate entre los participantes.

La Carta de Derechos Digitales ha sido la gran protagonista del evento. José Lucea ha recalcado que esta carta no tiene carácter normativo, pero es “importante el hecho de que tenga el mayor consenso de la sociedad civil”. Paloma Contreras también ha señalado el valor de la misma: “La carta es muy poderosa en cuanto a la intención, porque pone a la persona en el centro”. José Manuel Pérez Tornero ha centrado el discurso en la necesidad de “homogeneizar” los conceptos de esta carta con el resto de Europa y buscar una solución común.

Los expertos/as han puesto un gran foco de atención en la alfabetización mediática e informacional. Según Manuel Pinto, “la alfabetización mediática es un derecho fundamental hoy en día”, algo en lo que han coincidido todos/as. Sin embargo, no se hace mención explícita a ella en la Carta de Derechos Digitales y, cada vez más, se hace más necesaria. 

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Desde el pasado 15 de junio, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial lleva trabajando en la elaboración del texto a través de un grupo de personas expertas en materia de derechos digitales. Este documento es innovador tanto por el contenido de la Carta como por su elaboración participativa con la ciudadanía en España. Sin embargo, todavía queda concretar algunos derechos para que no resulten contradictorios entre sí, así como esperar propuestas para la redacción final del documento. 

¿Qué temas aborda la carta?

El documento se divide en cinco apartados de derechos con un total de 25 artículos. A continuación se explican y se detallan brevemente el contenido de cada uno de ellos: 

Derechos de libertad

Derechos de igualdad 

Derechos de participación y de conformación del espacio público

Derechos del entorno laboral y empresarial

Derechos digitales en entornos específicos

La alfabetización mediática, la gran ausente

La Carta de Derechos Digitales pone de manifiesto temas fundamentales para los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Un documento innovador que pretende regular el entorno digital. Sin embargo, personas expertas coinciden en la necesidad de mejorar varios aspectos del texto. 

La alfabetización mediática e informacional es un “arma” fundamental para las personas para luchar contra la desinformación. Entidades como la UNESCO llevan años trabajando para tratar de implementar desde la educación en esta materia. De hecho, en los últimos meses se han podido observar numerosas iniciativas y proyectos que tratan de aportar su granito de arena para concienciar de la importancia de la alfabetización mediática en la población. A pesar de ello, no se incluye ninguna noción a esta materia en la Carta de los Derechos Digitales. 

Hasta el próximo 4 de diciembre se pueden hacer llegar las diferentes propuestas para la redacción final del documento al correo electrónico habilitado: derechosdigitales@economia.gob.es. Una carta con la que se busca colocar a España “a la vanguardia de la protección de los derechos digitales”. 

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Vicent Botti es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y lidera el VRAIN. Es uno de los muchos investigadores/as que pedía al gobierno a través de un manifiesto liberar el código de Radar Covid. Haciendo el código accesible, expertos/as e investigadores/as podrán acceder a ella. Hablamos con Vicent Botti sobre el funcionamiento de esta aplicación y algunas de sus particularidades: 

Europa ha antepuesto la protección de datos en la creación de este tipo de aplicaciones. ¿Cree que las que utilizan en países como China son más eficaces?

Las aplicaciones basadas en geolocalización pueden hacer exactamente lo mismo que las basadas en bluetooth. Hay una diferencia: el bluetooth permite tener precisión de distancia de esos dos metros, mientras que la geolocalización el radio suele ser de nueve metros. Las compañías telefónicas (Orange, Vodafone y Movistar) cubren el 90% de la población y tienen la información de geolocalización de toda la vida de los móviles. Desde el mes de marzo hasta hoy se podrían tener millones de teléfonos para analizar qué personas estarían en riesgo por haber estado en contacto a una cierta proximidad y durante un tiempo determinado con una persona contagiada. Esto no es más que un complemento a la trazabilidad manual, que es la que se hace desde muchos años por parte de los epidemiólogos. Cualquier herramienta que ayude en el rastreo manual para poder identificar aquellos casos que pueden quedar fuera. Tanto las basadas en bluetooth, como Radar Covid, como las basadas en geolocalización tienen que mantener información global,  bases de datos centralizada. Esta disputa es un poco artificial, porque no cuestionamos que estamos autorizando a Google a utilizar nuestra geolocalización y cuestionamos que la autoridad sanitaria de nuestro país o de nuestra autonomía pueda utilizar esa información, manteniendo la ley de protección de datos y de todas medidas de privacidad. Nuestros políticos no quieren tomar decisiones impopulares. En un tema como este deberíamos ir todos de la mano, porque es un tema muy importante y no tiene sentido que otros intenten sacar rédito político de decisiones de este tipo. Francia y Reino Unido empezaron con algo de este estilo de geolocalización y lo tuvieron que retirar porque se asustaron con las críticas de la oposición. Hoy Europa ha decidido utilizar un protocolo. Creo que en este momento, incluso aquellos que no estamos de acuerdo con que sea el protocolo más eficaz y más seguro, es el que hay y debemos apoyar para que se intente implantar en la mayor parte de la población, porque yo sí estoy convencido de que cualquier aplicación, la que sea, basada en geolocalización o en esto va a ayudar. 

Hay también un dilema para mí muy importante, en el tema de las aplicaciones basadas en bluetooth. Europa lleva muchos años diciendo que tenemos que conseguir romper la brecha que tenemos de dependencia tecnológica con otros países. Adoptamos una solución en la que dependemos totalmente de la tecnología de Estados Unidos. En el momento en el que Google y Apple digan que cierran el grifo esta aplicación no funciona. Esto es un grave error, depender tecnológicamente de nadie. Soy un gran defensor de la privacidad, pero hay que buscar un equilibrio entre seguridad, salud y privacidad. Hagamos lo que hagamos siempre que estamos con nuestro móvil estamos perdiendo privacidad. Tenemos que tener garantizado que nuestros datos se guarden de forma segura y que solamente sean accesibles para aquellas personas que tienen autorización para poder utilizarlo. Crear medidas de seguridad para garantizar la privacidad de la información, independientemente de si nos basamos en tecnología bluetooth, en las apps o en tecnología gps se puede hacer.

“No cuestionamos que estamos autorizando a Google a utilizar nuestra geolocalización y cuestionamos que la autoridad sanitaria de nuestro país o de nuestra autonomía pueda utilizar esa información”

Radar Covid utiliza el bluetooth del terminal. Actualmente, ¿supone un riesgo para el usuario mantenerlo encendido?

La tecnología bluetooth ha mejorado, es decir, consume menos, pero sigue consumiendo energía. El bluetooth tiene otros problemas en muchos teléfonos. No sé si Android y iOS lo irán resolviendo, pero en iOS, por ejemplo, no se podía ejecutar en segundo plano. Esto hace que la aplicación si no se pueda ejecutar en segundo plano no esté activa siempre. Luego el bluetooth que llevan los dispositivos móviles que tienen tres o cuatro años no es el mismo y no consume lo mismo. Entonces tiene sus debilidades, igual que las del GPS que sabe dónde estás en cada momento. La tecnología en los teléfonos móviles de última generación bluetooth está más optimizada, pero hay muchos móviles de más de cuatro años que se van a seguir utilizando. 

Esta semana el Gobierno ha liberado el código de Radar Covid como pedían investigadores/as y expertos/as en la materia. ¿Es suficiente o falta transparencia?

Falta, aunque han dicho que lo van a hacer también, desofuscar el código. Se ha hecho mediante una técnica que se llama ofuscación, que no permite que a partir del código ejecutable se pueda regenerar el código fuente. Si eso se permitiese, los investigadores podríamos analizar el código de verdad que está en los móviles. Se han observado, por lo que he leído, unas ciertas discrepancias entre el código fuente que se ha publicado y el que parece que está instalándose en estos momentos. Eso es fácil también, porque igual el último código fuente que está ejecutándose en los móviles son versiones donde no habían limpiado cosas durante el desarrollo. No tiene por qué ser preocupante en principio, pero no queda bien. Si se quitara la ofuscación sería la forma de hacer todo mucho más transparente. La gente podrá comprobar el código, detectar errores y ayudar a corregirlos o, incluso, a mejorarlo. Es una garantía que esté abierto al público para que no se haga un mal uso. En la inteligencia artificial en Europa, una de las líneas que estamos proponiendo es por la IA responsable. Para que la gente pueda confiar en ella tiene que ser explicable y poder saber cómo funcionan sus algoritmos. Esto supone que los códigos tienen que ser abiertos y accesibles al público para que si alguien está haciendo algo incorrecto poder detectarlo. Eso nos dará seguridad a todos los usuarios y será garantía de buena praxis. Tenemos que ir hacia eso y la iniciativa de la Secretaría de Estado es importante. Le falta desofuscar el código y, entonces, si eso son costumbres que se instauran por lo menos en las aplicaciones que desarrollen nuestras autoridades sería muy bueno. 

Algunos usuarios se muestran reacios a la hora de instalar esta aplicación. ¿Cómo les convencería?  

Tenemos que ir todos juntos, como te decía. Si nuestros políticos en vez de tirarse los trastos a la cabeza, destacasen la importancia de utilizar este tipo de aplicaciones porque nos van a ayudar a luchar contra la pandemia. Si te dicen que vas a perder tu privacidad y generas fake news, al final crean inseguridad.Habría que buscar campañas, por ejemplo de influencers, que calan en la gente. Va a ser muy difícil porque nuestros políticos tienen miedo a adoptar acciones que son impopulares. Lamentablemente esto está arrastrando que se tomen decisiones que podrían ayudar, no solamente en esto, en muchos otros temas relacionados con la pandemia que podrían ayudar a resolverlo antes. Hace falta una campaña publicitaria de difusión porque ha salido en la tele, pero creo que no es suficiente. 

Después de todo lo expuesto, ¿qué valoración hace sobre la app Radar Covid?

Se instala fácilmente, es muy sencilla y luego no hay que hacer prácticamente nada. En la Comunidad Valenciana aún no está adoptada, pero no me gusta eso de que me lleguen los mensajes directamente. Creo que debería ser la autoridad sanitaria quien contactase conmigo, pero esto es un tema de protocolo. Mi opinión es que este protocolo que se ha adoptado basándose en la tecnología así no es muy eficaz, porque me crea una alarma.  Tenemos que hacer una herramienta que ayude a los rastreadores a identificar más casos. El protocolo que se ha adoptado tiene la ventaja de mayor privacidad, pero esto la hace menos efectiva y ya veremos los resultados de la eficiencia y de la eficacia de Radar Covid en los sitios en los que está. 

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El uso inadecuado de estos instrumentos puede exponer a los menores a distintos riesgos y acentuar problemáticas ya existentes, como, por ejemplo, el acoso escolar. La Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) alerta sobre el incremento del ciberbullying, adicciones, autolesiones y otros peligros como el ciberacoso sexual a menores, conocido como grooming, o el sexting, el envío de contenidos de carácter sexual.

Para promover un entorno digital seguro, la Fundación ANAR ha elaborado la Carta de Derechos Digitales de los Niños, Niñas y Adolescentes. El documento, que consta de diez apartados, pretende poner los derechos de los menores de edad en el centro de cualquier desarrollo digital. A continuación, desglosamos los asuntos que plantea:

1. Sobre el interés superior del menor

En primer lugar, la Carta estipula que el interés superior del menor debe primar en el entorno digital. Los servicios de la sociedad de la información y los dispositivos tecnológicos deben protegerlo y garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolecentes.

2. Sobre el derecho a la salud y a la seguridad

El segundo punto defiende la protección de los menores frente a los contenidos y los dispositivos tecnológicos. La Carta establece que los jóvenes tienen derecho a un entorno digital que los proteja frente a cualquier tipo de violencia o abuso realizado a través de la tecnología y ante contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral. Asimismo, el empleo de la tecnología no debe suponer ningún riesgo físico para ellos.

3. Sobre el derecho a la intimidad y a su imagen

Asegurar la privacidad de los menores es otra de las preocupaciones de la Carta. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. También se incluye el secreto de las comunicaciones digitales.

4. Sobre el derecho a la protección de datos personales y el derecho al olvido en redes sociales

El cuarto punto hace referencia a la protección de los datos personales y al derecho al olvido en búsquedas de Internet y en redes sociales, es decir, que los menores puedan borrar su huella digital cuando lo deseen.

5. Sobre el derecho al acceso a Internet

Los menores tienen derecho a acceder a Internet y a las tecnologías sin ningún tipo de discriminación. El quinto punto establece que este acceso debe estar protegido y tutelado por padres, tutores o representantes legales.

6. Sobre el derecho a la información y a la educación

Este punto vela porque los jóvenes reciban información veraz, plural y responsable, ya que tienen derecho a acceder a la información y a la educación a través de Internet y medios tecnológicos.

7. Sobre el derecho a ser oídos y escuchados

La Carta también contempla Líneas de Ayuda a la Infancia para que los menores puedan ser escuchados y puedan acceder a este recurso siempre que lo necesiten.

8. Sobre el derecho de participación

El octavo punto recoge que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar y expresar su opinión en los asuntos que les afecten. Incluye el derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones con fines pacíficos en el entorno digital.

9. Sobre el derecho a la libertad de expresión

El penúltimo punto protege la libertad de expresión y opinión de los jóvenes en entornos tecnológicos. Este derecho incluye la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

10. Sobre el derecho al ocio, al juego y a la cultura

Por último, la Carta promueve el derecho de los menores al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, también a través de medios tecnológicos, sin olvidar que el juego presencial es necesario para su adecuado desarrollo psicológico. 

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El marco normativo actual, el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, recoge derechos relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral o la protección de los menores. También contempla casos vinculados con los medios de comunicación y las redes sociales.

Con el fin de desarrollar y añadir nuevos derechos al Título X, el gobierno ha promovido el diseño de la nueva Carta, que estará dedicada exclusivamente a los derechos digitales. El texto definirá la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Grupo de expertos y participación de la ciudadanía

La redacción de la Carta de Derechos Digitales por parte del gobierno contará con dos mecanismos de participación. El primero es el trabajo de un grupo de expertos que actuará como asesor. Está formado por profesionales del ámbito digital como juristas, representantes de usuarios y de internautas, profesores y catedráticos de derechos digitales, consultores tecnológicos y de ciberseguridad, entre otros.

El grupo se reunió por primera vez el pasado 15 de junio a través de una videoconferencia presidida por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Junto a ella también participaron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, cuya Secretaría de Estado ha impulsado la creación del grupo, así como representantes de la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos.

En paralelo a las contribuciones del grupo de expertos, se abrirá una consulta abierta para que el conjunto de la ciudadanía pueda realizar aportaciones que se tendrán en cuenta en la redacción final del texto. El objetivo es que la Carta sea una acción sustentada en las aportaciones del conjunto de la sociedad civil.

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