Tras el silencio del Consejo Audiovisual de Andalucía han llegado los hechos. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos: artículo 13 (Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía) y siete apartados del artículo 28 (Ley Audiovisual de Andalucía). Este hecho supone la suspensión del decreto durante cinco meses, que será cuando el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Vázquez Medel celebra esta decisión y afirma que “el Tribunal Constitución ha dado la razón a quienes denunciamos desde el principio este atentado contra el pluralismo y la libertad de información”.

¿Qué supone para los medios el Decreto 2/2020?

Es un tema que afecta a la involución que estamos viviendo, a los procesos de regresión y de autoritarismo y de desregulación que están intentando hacer algunos gobiernos en España. Este decreto supone varias cosas entre ellas que no se pueda tocar a las radios y las televisiones pirata sin respetar algo que es público: el espacio radioeléctrico. Por tanto pueden emitir cualquier tipo de contenido. Este decreto también permite que radios y televisiones locales públicas, concedidas como licencias a los ayuntamientos para realizar un servicio público y favorecer la información de proximidad, se puedan privatizar y dejen de realizar ese servicio. Además en el futuro el gobierno podría dar las licencias de concesión sin que haya siquiera una autoridad independiente de regulación que emita un informe.

“No cabe abogar por ningún tipo de entendimiento ni de acuerdo”

¿Cree que este decreto puede afectar al pluralismo y la libertad de prensa?

Creo que es una ley anticonstitucional, que va en contra del estatuto de autonomía de Andalucía y que vulnera la ley de reforma audiovisual. En Andalucía hay radios y televisiones locales piratas que están emitiendo contenidos ilegales y muchas de ellas están siendo utilizadas por medios de comunicación privados, casi siempre vinculados a la ultraderecha o a los sectores más reaccionarios. El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene la obligación de intervenir en estos supuestos y solo lo ha hecho en una ocasión. Con este decreto un ayuntamiento puede hacer una concesión a cualquier radio o televisión privada de la cuerda ideológica para que emitan y se lucren a través de esos medios. Este Decreto es un hachazo contra el artículo 20 de la Constitución que establece el imperativo de emitir y recibir información que sea plural y que sea veraz. Es el más repugnante ultraliberalismo que pone a los seres humanos, su salud, su trabajo, su cultura al servicio de una economía ciega y especulativa para intereses de unos pocos. 

El Consejo Audiovisual se ha pronunciado. ¿La respuesta era la esperada? 

Se ha inhibido, no se ha declarado competente para responder a esas preguntas que eran absolutamente razonables. Es terrible porque esta ley supone la posibilidad de desregular cosas que tendrían un impacto tremendo no solo andaluz y peninsular, sino europeo. Se llama “Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía”. Se trata de una ley de desregulación que atenta muy gravemente contra un hecho insólito en la historia reciente de Andalucía: la Ley Audiovisual de Andalucía (2018). Fue conseguida con absoluto consenso de todas las fuerzas políticas hace poco más de año y medio. Año y medio después de tener una de las leyes audiovisuales más avanzadas del estado se le da un golpe de muerte sin siquiera haberla desarrollado y con consecuencias terribles para el ámbito audiovisual y que supone un gravísimo precedente. 

“Consejos audiovisuales que son títeres en manos de partidos políticos”

¿Es posible llegar a un acuerdo?

Un acuerdo que recogiera cualquiera de los aspectos sería un grave retroceso en materia de libertades. También es un grave retroceso en materia de respeto a la autonomía cultural y comunicativa de una comunidad del estado como Andalucía y supondría un grave atentado contra la libertad profesional de los periodistas. Estamos asistiendo a algo lamentable. Consejos audiovisuales que son títeres en manos de partidos políticos que se reparten la tarta como creen conveniente. Por tanto no cabe abogar por ningún tipo de entendimiento ni de acuerdo. La propia inhibición del Consejo Audiovisual de Andalucía es la declaración de defunción de una institución que cuesta mucho dinero, aunque también se la está asfixiando económicamente. Para existir de una manera absolutamente inoperante es mejor que no exista. 

¿Cómo considera que se debería garantizar el pluralismo y la libertad de prensa?

El problema de la ausencia del pluralismo político, religioso y de otra índole no es solo en Andalucía es en todo el Estado y, evidentemente, no está garantizado. La única fórmula para garantizar eso realmente es aplicar los criterios, la normativa, el marco europeo para impedir la acumulación de medios. Esa, por cierto, es una medida liberal, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido perverso que se utiliza ahora. Si hay una acumulación de medios, nos encontramos en situaciones de falta de pluralismo político, de reducción gravísima del pluralismo. En ese horizonte, desgraciadamente, estamos en toda Europa. La Europa de los pueblos, la Europa de la cultura, de la libertad, pero también de la igualdad y de la justicia social y de la fraternidad está siendo sustituida por la Europa de los mercados, de las mercancías y de los mercaderes.

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Recientemente se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a dos periódicos, ABC y La Opinión de Tenerife, por no haber respetado la presunción de inocencia de un hombre en la investigación de la muerte de una niña de tres años. Los hechos se remontan al año 2009, cuando una pequeña falleció de forma violenta en Tenerife y las primeras investigaciones policiales acabaron con el arresto de Diego Pastrana, el novio de la madre de la menor.

Este joven fue puesto luego en libertad sin cargos. La autopsia confirmó a los pocos días que la niña falleció como consecuencia de las heridas provocadas por una caída en un columpio -lo que coincidía con la versión facilitada por el acusado en su declaración- y que las heridas que presentaba en la piel se debían a una alergia.

Con las imágenes de su arresto policial como sospechoso, el diario ABC llevó en su portada del día siguiente un primer plano de Pastrana, esposado, con un titular escalofriante: “La mirada de un asesino de una niña de tres años”. Un primera página presente a la mañana siguiente en todos los quioscos de España y difundida en internet.  La Opinión de Tenerife titulaba “Una niña de 3 años, grave tras ser quemada y violada”, cuando la pequeña falleció, en páginas interiores, el mismo diario titulaba “Muere una niña de 3 años violada por el novio de su madre”. La autopsia descartó por completo agresión sexual alguna en la pequeña.

ABC ha sido condenado a indemnizar a Diego Pastrana con 60.000 euros y La Opinión de Tenerife tendrá que indemnizarle con 50.000. El Tribunal Supremo ratifica sendas sentencias de la Audiencia de Madrid y de Tenerife contra estos medios. Considera que no actuaron con la diligencia exigible para cumplir con la obligación de transmitir una información veraz, “resultando en concreto responsables del desproporcionado tratamiento que dieron a la noticia en sus titulares, innecesariamente ofensivos por contundentes y poco diligentes”.

Lo que hicieron estos medios, no fueron los únicos, consistió en una vulneración flagrante de uno de los derechos fundamentales en una democracia como es la presunción de inocencia. Es una norma básica para todos los agentes que componen la sociedad y afecta de forma especial a los medios de comunicación por su papel social.

La muerte de un niño es siempre una tragedia que nos conmueve. Si, además, se produce por causas violentas, es un hecho que nos estremece y horroriza. Nos impacta en lo más hondo de nuestros sentimientos. Sin embargo, el papel de los medios informativos no debería ser el de alimentar nuestras bajas pasiones. La portada de ABC, con la imagen de un joven esposado, cabizbajo, mirando al frente de soslayo, y con la frase sobreimpresa “La mirada de un asesino de una niña de tres años” era precisamente una apelación directa a los instintos más bajos del receptor de esa página.

Es un viejo truco del periodismo -del mal periodismo- pero no siempre somos conscientes de estar ante esta sencilla estrategia de manipulación, que lo único que consigue es dificultar el razonamiento, evitar que valoremos y analicemos los elementos que componen una información antes de juzgar o tomar una decisión ante la misma. Y que este juicio sea decantado por esa reacción irracional que nos produce algo tan horroroso como el crimen de una niña.

¿Qué intereses mueven esta mala práctica informativa? Las más habituales son dos: vender más ejemplares, captar audiencia, es una; y ocultar o distraer la atención pública de otras informaciones relevantes es otra. Ser conscientes de esta trampa mediática ha sido, es y siempre será muy útil para nuestra salud democrática. Saber identificarlas es tener capacidad crítica y, en consecuencia, integrar una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales.

La espectacularización de las noticias apela a las emociones y nubla la razón, hay que saberlo.  Esta sentencia del Supremo ha tenido muy poco o nulo espacio en la prensa escrita en contraste con el eco de la detención de Pastrana, algo que también conviene no olvidarlo y sobre lo que reflexionar.

Estrategias de manipulación y derechos fundamentales de la ciudadanía ante los medios son solo dos de las muchas cuestiones que abordaremos en la Segunda Edición del Taller de Alfabetización Mediática que los próximos días 5 y 6 de mayo celebramos en La Térmica de Málaga.

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En mayo celebraréis un Taller de Alfabetización Mediática para docentes en Málaga, ¿cuáles son los objetivos de dicho taller?

El objetivo es ir introduciendo esta materia en las aulas de los centros de enseñanza porque es una de las formas más eficaces de garantizar que esta capacidad -el análisis crítico de los medios de comunicación- llega al mayor volumen de población, independientemente de sus circunstancias socioculturales.

Fomentar que los profesionales de la enseñanza se familiaricen con los elementos básicos de esta disciplina y tomen conciencia informada de la relevancia que supone tener una mirada crítica ante la información, la publicidad y el resto de contenidos de entretenimiento que nos trasladan los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que conforman nuestras opiniones e influyen en la toma de decisiones de los individuos: desde los posicionamientos ante polémicas o hechos noticiosos hasta la compra de bienes y servicios o la creación y asunción de estereotipos.

¿Por qué una entidad reguladora como el CAA fomenta la alfabetización mediática? 

Porque es una de las encomiendas que la Comisión Europea hace a los consejos audiovisuales. Por sus características y naturaleza es el tipo de institución pública idónea para impulsar y fomentar el conocimiento de esta disciplina, si bien, resulta imprescindible la cooperación de otras instituciones públicas, como pueden ser las educativas y académicas.

Ante la des-regulación total que estamos viviendo, la proliferación de noticias falsas, la posverdad o el discurso del odio (hate speech) ¿cuál es el rol del CAA? 

En estos momentos el fenómeno de la posverdad -concepto más complejo que el de las noticias falsas- es un asunto que nos parece inquietante. Y de hecho, creemos que la alfabetización mediática es una herramienta más necesaria que nunca -aunque siempre lo ha sido- para garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a una información veraz. Siempre decimos que la alfabetización mediática previene contra la manipulación de los medios.

“La alfabetización mediática previene contra la manipulación de los medios”

Ahora, al impacto social de los medios tradicionales, tenemos que añadir el de Internet y las redes sociales que no son estrictamente medios de comunicación o empresas periodísticas como las que entendemos hasta hoy.

En concreto, estamos trabajando en la organización de un acto divulgativo y de debate sobre este fenómeno que, como estamos viendo, tiene consecuencias reales y de gran alcance.

En cuanto al discurso del odio, el CAA, como el resto de autoridades audiovisuales, estamos para velar porque los contenidos de los medios de comunicación respeten los derechos fundamentales y no inciten al odio, la xenofobia o el sexismo. Es algo a menudo complejo porque entran en juego conceptos jurídicamente indeterminados que pueden colisionar con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Las instituciones públicas con responsabilidades en materia de comunicación, así como los propios profesionales de los medios de comunicación, deben estar muy alertas y no dudar ante la violación de derechos fundamentales, vengan de donde vengan. En especial, es importante destacar que los profesionales de la información, los periodistas y los editores de los medios, tienen una responsabilidad pública, aunque desempeñen su labor en empresas privadas y esta responsabilidad debe estar siempre presente en el ejercicio diario.

En vuestro canal de Youtube destacan las píldoras educativas como “Menores en Internet”, ¿qué otros recursos habéis elaborado y qué acogida han tenido?

La campaña de protección de menores en internet que hemos puesto en marcha el pasado trimestre es una respuesta a la preocupación ciudadana que venimos detectando a través de nuestros estudios de opinión y que se constata con otros estudios de hábitos de consumo mediático. Por un lado, las nuevas generaciones disponen de un dispositivo conectado a internet que manejan en solitario, y por otro, en internet no existe ningún tipo de regulación. Es una mezcla explosiva y los padres se ven sobrepasados, con razón, ante esta nueva realidad y los riesgos que entraña.

“Los padres se ven sobrepasados, con razón, ante la nueva realidad y los riesgos que entraña”

Por ello, hemos habilitado un espacio en nuestra web dentro del apartado protección de menores, que es una de nuestras funciones, donde hemos alojado los elementos que integran esta campaña.

Además de los vídeos, se pueden encontrar un sencillo decálogo de buenas prácticas o consejos dirigidos a las familias, también están disponibles una serie de recursos de información y protección como filtros de navegación segura que se pueden instalar en los dispositivos utilizados por los menores, guías orientativas para padres y madres de diversos organismos públicos, líneas de ayuda para problemas de adicción a las nuevas tecnologías, así como informes y otra documentación del CAA relacionada con el uso de internet por parte de los menores de edad.

Además también acabáis de presentar la III Edición del Premio El Audiovisual en la Escuela ¿Qué resultados e impacto tiene en los centros educativos?

Es, con diferencia, el acto público más impactante y emocionante que organizamos por la respuesta que podemos ver en los menores que participan y acuden a la ceremonia de entrega de premios. De momento hemos celebrado dos ediciones y ya hemos lanzado la tercera, estamos en proceso de consolidación de este certamen que requiere, sobre todo, de la implicación y el compromiso del profesorado.

La respuesta de los estudiantes que participan es magnífica, es una experiencia enriquecedora porque despierta multitud de habilidades y hábitos entre los menores implicados en cada proyecto audiovisual. Pasando por conocer cómo se construye y las limitaciones de un mensaje audiovisual o simplemente radiofónico -hay proyectos radiofónicos en escuelas realmente meritorios- hasta el trabajo en equipo, la creatividad, y la reflexión profunda sobre la materia que se aborda en cada trabajo.

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