A partir de la proliferación de mensajes en los medios de comunicación, ya no sólo televisivos, y luego de intentar establecer discusiones desapasionadas con algunos de los opositores del acuerdo, parece oportuno realizar un llamado de atención ante el acto casi automático que realiza una gran parte del mundo conectado a las redes y que determinó, sin duda, una buena parte del estado de opinión de la sociedad colombiana durante la campaña del plebiscito: la replicación de mensajes falsos, mentirosos, tergiversados, malintencionados y poco explorados por las mismas personas que lo comparten, retuitean o distribuyen por sus grupos de Facebook, Twitter o WhatsApp.

La actitud de una ciudadanía crítica ante su oportunidad de refrendar un acuerdo de paz no puede permitirse cometer los mismos errores que los medios de comunicación cuando engañan o mienten

La actitud de una ciudadanía crítica ante su oportunidad —quizás única— de refrendar un acuerdo de paz no puede permitirse cometer los mismos errores que se reprochan a los medios masivos de comunicación cuando engañan o mienten a su audiencia. La crítica sobre la credibilidad de los medios parece obviarse o eliminarse cuando se trata de un vídeo, fotografía, audio o texto que, sólo por el hecho de conectar con una idea preestablecida en nuestro sistema de creencias, es compartida, retuiteada, de forma tanto consciente como automática y que busca, asimismo, una conexión con su propia audiencia, pequeña generalmente, a la que va dirigida: sus amigos de Facebook, sus seguidores de Twitter, sus grupos de WhatsApp.

Por eso mismo resulta muy curioso que, en el momento en el que algún miembro de sus círculos cercanos rompe esa conexión con el sistema aparentemente compartido de creencias o pensamientos —y genera un interrogante sobre el mensaje transmitido: ¿quién ha producido la información? ¿con qué interés? ¿qué fuentes ha utilizado? ¿en qué año fue realizado y documentado? ¿qué contexto informativo determina la veracidad del mensaje? — se establece una batalla campal que normalmente acaba con la reducción de toda lógica argumental a caricaturas binarias de asociaciones descalificativas en contra de un adversario. Ya no se trata de un contacto cercano, de un familiar o amigo, ni siquiera de un “otro” con el que se discute en un intercambio de argumentos. Ese cuestionamiento sobre el mensaje, que rompe la dinámica de tranquilidad mental asumida y estable, es el enemigo a aniquilar, a ridiculizar a través de la adjetivación fácil y maniquea: castro-chavista, comunista, fariano…

La politóloga colombiana experta en temas de paz y seguridad, Viviana García, establecía en sus redes sociales una versión “a la criolla” de la Ley de Godwin, según la cual a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a 1. En el caso de la campaña del plebiscito sobre el acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC la aplicación de la Ley enuncia que a medida que la discusión se alarga —y los argumentos se acaban— la probabilidad de que se mencione al castro-chavismo, a Maduro, a Cuba o a Venezuela, tiende a 1.

En un afán por desmontar los falsos vídeos que circulan por internet no resulta difícil comprobar la autenticidad y la coherencia de los discursos. En diferentes publicaciones los textos que titulan o reseñan las informaciones supuestamente contenidas en vídeos “impactantes” no tienen nada que ver con las declaraciones de los vídeos mismos. ¿Quienes comparten los vídeos realmente los han visto con atención? ¿Han descubierto ellos mismos que no son “impactantes”? Resulta fácil preguntarse sobre el año de producción de los vídeos a partir de la calidad de las imágenes, de los decorados, hasta de las ropas o que usan los protagonistas. ¿Están contextualizados adecuadamente los vídeos y responden a las condiciones actuales del conflicto colombiano? Ante tantas y diferentes etapas del conflicto armado en Colombia, un vídeo, una información descontextualizada, sacada de los archivos, no puede más que hacer daño a los procesos de paz que son absolutamente frágiles y llenos de obstáculos.

Pareciera como si después de 60 años de conflicto armado la sociedad colombiana no hubiese aprendido que la intolerancia y el odio difundido por cualquier tipo de medio de comunicación y soportado en información tergiversada únicamente genera división y polarización.

La aprobación del acuerdo por el Congreso de la República tampoco ha sanado la disputa y la polarización evidenciada en el resultado del plebiscito. Asimismo, la desinformación y la construcción de mensajes que construyen falsos imaginarios sobre las consecuencias de la aplicación del acuerdo, sólo agregan más tensión en esa sociedad colombiana dividida y fuertemente polarizada.

La construcción de la paz necesita de un sentido crítico sobre la información recibida que impida la generación de falsas expectativas

Es imposible pensar que exista algún colombiano que no quiera la paz. Pero su construcción necesita de un sentido crítico sobre la información recibida que impida la generación de falsas expectativas y, sobre todo, el posicionamiento de falsas consecuencias y asociaciones que conllevan la implementación de los acuerdos. Asumir un sentido crítico frente a la información que se recibe y, sobre todo, que se comparte y difunde, es fundamental para aportar al desarme emocional que el acuerdo de paz ha generado.

Esa mirada crítica sobre la información es un camino necesario para dar un paso adelante en el reconocimiento de la diferencia. En Colombia, la diferencia ha sido siempre excluida, sepultada. El acuerdo de paz firmado con las FARC es una oportunidad para generar un proceso de inclusión político y social de una diferencia histórica, tradicionalmente excluida, en Colombia. La visión del otro y la construcción de consensos sociales a través del diálogo argumentado, sin reduccionismos ni explicaciones binarias, es el único camino que puede seguirse para reconstruir una paz social en Colombia.

Por último, si la sociedad colombiana no confía en sus instituciones, tampoco dará el salto necesario para convertirse en un estado moderno. Pensar —y creer— que con el acuerdo de paz las FARC instaurarán en Colombia un régimen político diferente al actual, es pensar que las instituciones colombianas no tienen un procedimiento representativo garantizado por la Constitución y las leyes vigentes, que el Estado colombiano no cuenta con un sistema de reparto electoral adecuado y, que, por tanto, los colombianos somos absolutamente miopes porque hemos vivido con ese sistema político al menos desde 1991. Y dado el supuesto, a pesar de que no hemos hecho nada por cambiarlo, tampoco queremos que una nueva fuerza política —ya no armada— lo transforme.

Santiago Giraldo Luque

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Hasta ahora, el debate público ha estado especialmente centrado en los pormenores formales del acuerdo; no se ha emprendido aún un proceso de politización de la sociedad encaminado a reflexionar respecto del posconflicto como un proceso complejo que requiere que los ciudadanos, desde cada uno de los territorios que ocupamos, actuemos como edificadores de las nuevas estructuras culturales, sociales, políticas y económicas necesarias para el logro de la paz.

La paz, no como consigna retórica, sino como estado continuo de realidad, implica desentrañar las causas estructurales de la guerra, para subsanarlas; reconocer el andamiaje institucional y para-institucional que sostiene la violencia, para desmontarlo; entender a profundidad el modelo de desarrollo que nutre el conflicto, para subvertirlo; y desnudar las redes y relaciones de poder que se han beneficiado históricamente de la guerra en Colombia, para derrotarlas. En síntesis, lograr la concreción de esa democracia real que nunca nos ha sido cierta.

La propiedad y explotación tanto de la tierra rural como del suelo urbano, debe ser un eje primario de debate. Merece especial atención la ocupación y uso económico de los territorios que hasta ahora han estado bajo dominio de las FARC, en tanto sabemos que el capitalismo encuentra en el extractivismo una de sus más nocivas actividades. Primera alerta de ello es la participación de Grobocopatel -principal productor de soja del continente- como asesor del acuerdo en temas agrarios y el ya conocido compromiso del gobierno colombiano de proporcionar a la empresa vastas zonas de territorio nacional para el cultivo de soja.

Si la paz de Santos está vaciada de organización y resistencia social puede ser una paz firmada con la pluma de las grandes corporaciones

Si los territorios que dejan las FARC son puestos exclusivamente en manos del Estado, corremos el riesgo de que éstos sean colonizados por la industria extractiva. Bajo un contexto como este, Colombia será víctima de nuevos procesos de despojo, sobreexplotación, expulsión de comunidades, depredación del ambiente e incluso expansión de formas contemporáneas de esclavitud. Si la paz de Santos está vaciada de organización y resistencia social puede ser una paz firmada con la pluma de las grandes corporaciones.

En este mismo sentido, corresponde repensar y reconstruir los territorios urbanos para que emerjan ciudades igualitarias. La eliminación de la estratificación socioeconómica como forma de organización de la vida en las ciudades debe ser un aspecto esencial a discutir. La desigualdad urbana y el inequitativo acceso a la ciudad como derecho tienen su expresión más radicalizada en los estratos socioeconómicos, modelo que no ha sido ni siquiera cuestionado por las izquierdas en Colombia.

Ciudades compartimentadas, excluyentes, exclusivas, desintegradas, explícitamente separadas y jerarquizadas por estratos, no podrán ser territorios que coadyuven al logro de la paz que, tal como se mencionó anteriormente, significa la concreción de la democracia, entendida ésta como la garantía universal de los derechos sociales, civiles, económicos y políticos.

El acuerdo es la llave de entrada. El camino está por trazar y deberá llevarnos a lograr que la paz sea el sustrato de un nuevo pacto social en Colombia que, empujado y definido “desde abajo”, construya las bases para un país soberano, justo e igualitario. Será un proceso largo con peligrosos obstáculos y enemigos. En el pueblo organizado y en la defensa de los territorios está contenida la fuerza para atravesarlos y el arma para derrotarlos.

Ana María Vásquez Duplat

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Los proyectos de divulgación y los centros de pensamiento han aportado tres tipos de sustento que son vitales para la nueva etapa de desarrollo del postconflicto en Colombia. El primero de ellos está centrado en dar soporte y en hacer visibles a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Iniciativas como la realizada por el canal de televisión universitario ZOOM, en conjunto con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Asociación Colombiana de Actores (ACA), en la que se presentan 50 testimonios de víctimas del conflicto armado narrados por actores colombianos, reconstruyen las vivencias de miles de colombianos afectados por la violencia y ayudan a reconstruir una memoria colectiva necesaria para no olvidar los horrores de una guerra.

En el caso de las víctimas, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, también generó una serie de discusiones y documentos de política pública que ha ayudado a dar ideas que alimentaron de forma constante la mesa de diálogos de La Habana.

El segundo aporte básico que realizan las universidades para fortalecer la negociación y, ahora, la implementación de los acuerdos, es la divulgación de opiniones, reflexiones y proyectos de participación ciudadana que responden a la movilización social favorable a la paz. El canal universitario nacional ZOOM, conformado por 41 instituciones de educación superior y apoyado por los Ministerios de las Comunicaciones y la Información, de Cultura y de Educación, ha promovido a través de sus emisiones el desarrollo de los cabildos abiertos como una forma de participación municipal para dar soporte a la paz. En los cabildos los ciudadanos pueden generar deliberaciones y demostrar, mediante procesos más consensuales, su apoyo a la paz.

Este tipo de divulgación activa a través del canal universitario se enmarca dentro de una temática específica del canal: “Colombia y la Paz”, un tema clave de actualidad dentro del cual se han emitido otros vídeos de interés como las opiniones ciudadanas sobre el premio Nobel de paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos, las declaraciones de los presidentes de El Salvador y Costa Rica que acompañan el proceso de paz, la emisión de un Foro de Paz organizado por el Centro de Estudios para la Paz y la Convivencia, o la entrevista realizada al presidente Santos algunos días antes de la firma del primer Acuerdo de Paz en Cartagena.

Una última tarea relacionada con la labor universitaria en su función de respaldo a los impulsos sobre la paz en Colombia, tiene que ver con su papel de “traductor” de las negociaciones, acuerdos, leyes y demás documentos técnicos que resultan de difícil comprensión para una buena parte de la ciudadanía. Las universidades, y su cuerpo docente e investigador, han realizado foros, congresos y conferencias orientadas a la difusión y explicación de las conversaciones y de los acuerdos y participa activamente en diferentes medios de comunicación.

Profesores como Alejo Vargas Velásquez, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y reconocido como uno de los 10 mejores líderes en Colombia en 2015 por “facilitar que los aportes de la sociedad civil lleguen como insumos a los diálogos en La Habana”, realiza una labor constante de divulgación, junto con su grupo de trabajo en la Universidad Nacional, para promover una pedagogía activa de los acuerdos y del proceso general de negociación.

En cualquier caso, como señala la experta en desarrollo humano, Ivonne Guzmán, es necesario que la labor de la universidad como explicadora de los asuntos técnicos y como desmitificadora de las mentiras transmitidas por los medios masivos de comunicación y las redes sociales, sea aún más efectiva, constante y efectiva. Ya que los medios no lo hacen, señala Guzmán, las “universidades deben comunicar cómo un acuerdo de paz puede influir en mejorar la vida cotidiana de las personas, una estrategia que, curiosamente, funcionó muy bien en la campaña del No”.

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