El 9 de junio de 2020 se aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. El anteproyecto, hasta su aprobación, se ha visto pospuesto en dos ocasiones, pero, finalmente, ha pasado a trámite parlamentario hasta su posterior aprobación, el 4 de junio de 2021.
Los datos sobre la violencia infantil durante el estado de alarma son preocupantes. La Fundación ANAR ha atendido 11.682 peticiones (más de dos mil de casos graves) a través de diversos canales. La aprobación del anteproyecto de ley es importantísimo para garantizar los derechos de miles de niños/as y adolescentes en España. Una ley que introduce cambios significativos que mejoran la legislación actual.
Un paso al frente contra la violencia infantil
La aprobación del anteproyecto de ley supone un avance y una mejora legislativa contra la violencia infantil. Desde su aprobación se han dado a conocer los diferentes cambios que se introducirían con esta ley. La más significativa es el aumento de la prescripción de delitos graves. Era una de las peticiones que habían hecho las organizaciones, porque en la actualidad cuenta a partir de que la víctima cumple 18 años. La nueva ley propone que empiece a contar a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años de edad.
Otro de los cambios que se introduce con la nueva ley es la creación de la figura del coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos. Su función será la de preservar el funcionamiento de los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso o de cualquier tipo de violencia. También la figura del delegado de protección en entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con menores, con una función similar a la del coordinador/a de bienestar.
La especialización en los juzgados es otra de las novedades que acoge la nueva ley. Se establece que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y locales cuenten con unidades especializadas en la prevención de situaciones violentas contra menores. Además a las personas funcionarias que trabajan en servicios sociales se les atribuye la condición de agentes de la autoridad.
Se incluye una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación. Así como endurecer las condiciones y permisos penitenciarios para aquellas personas que estén penadas por delitos contra la indemnidad y la libertad sexual de menores de 16 años. A continuación, se pueden observar en la infografía algunos de los cambios que introduce esta nueva Ley de Infancia, también conocida como Ley Rhodes:
Una vista a Australia, Estados Unidos y Reino Unido
Tal como se ha incidido con anterioridad, la nueva ley supone mejoras, pero ¿son suficientes? Países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido contemplan en su legislación mejoras para la protección de menores. Por este motivo, se ha hecho una vista comparativa sobre similitudes y diferencias que acoge esta nueva ley frente a los países citados.
La ampliación de la prescripción de delitos supone una mejora. Sin embargo, Australia o Reino Unido contemplan en su legislación que el delito no prescriba. En algunos de los estados de EE.UU. también se acoge esta norma. La obligatoriedad a la hora de denunciar abusos sexuales a menores también se encuentra en países como Australia, donde se obliga a profesionales (profesorado, médicos/as, enfermeros(as, etc.) a comunicarlo a las autoridades.
Las nuevas medidas suponen un avance en la legislación para la protección del menor en España. En la siguiente tabla, se pueden observar los cambios que se introducen en comparación con otros países:
Almudena Escorial: “Una de las cuestiones que debemos reforzar es el enfoque de género”
La Plataforma de Infancia ha sido una de las organizaciones que ha formado parte de este proceso. Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, reconoce que ya están trabajando en cómo mejorar este anteproyecto de ley de cara a su tramitación parlamentaria. Escorial considera que esta ley tiene como fin “la erradicación de la violencia” y con un “componente de sensibilización social muy grande”.
Algunas expertas señalaron que esta nueva ley chocaba con la de violencia de género. Escorial reconoce no haber detectado ese choque, pero sí consideran primordial mejorar el enfoque de género. “Habrá que contemplar formas de violencia específicas como los matrimonios forzosos, la ablación, la violencia de género…”, apunta Escorial.
“El abuso sexual en el ámbito familiar es un problema, en el sentido de que es una forma de violencia muy invisible, muy difícil de detectar y de proteger a los niños”, afirma Escorial. Es una gran problemática porque debido a esa invisibilización resulta más complejo ayudar a los jóvenes. Escorial considera que habría que “fortalecer esos mecanismos para que las formas de violencia más invisibles puedan detectarse antes”.
Carme Tello: “Como primer paso es una buena ley”
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) es una de las organizaciones que ha estado trabajando de manera constante para la prevención del maltrato infantil. Carme Tello, presidenta de FAPMI-ECPAT, hace una valoración positiva del anteproyecto, pero considera fundamental una dotación económica para llevarla adelante.
“El abuso intrafamiliar es el más oculto porque se corre el riesgo de que lo que no se ve no existe”, afirma Tello. Esa invisibilidad provoca que muchos niños/as padezcan este tipo de violencia y no pueda ser detectada. Se necesita dar una mayor visibilidad a este tipo de violencia sobre la infancia y, tal como señala Tello, detectar las señales de maltrato intrafamiliar para poder actuar de una forma rápida.
La especialización de los juzgados es uno de los cambios que introduce esta ley. Tello cree que es importante la creación de un juzgado específico contra el maltrato a la infancia y la adolescencia, así como el compromiso económico para poder llevarla a cabo.
UNICEF Comité Cataluña: “Tenemos mucho camino por recorrer”
Organizaciones como UNICEF están comprometidas en la lucha para garantizar los derechos de los niños/as alrededor de todo el mundo. UNICEF Comité Cataluña señala el avance que supone esta nueva ley porque “promueve un cambio de paradigma en relación al abordaje de la violencia contra la infancia”.
El objetivo que se promueve con esta ley es la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. UNICEF Comité Cataluña señala que la sociedad sigue presente “la idea de que en algunas ocasiones el uso de la fuerza física o el castigo físico son necesarios o educativos”. Unas acciones intolerables que deben erradicarse con políticas que conciencien a la sociedad de la importancia de proteger los derechos de la infancia.
“Es importante que la ley incorpore en todo momento la perspectiva de género”, afirman desde UNICEF Comité Cataluña. Señalan la necesidad de poner la “atención a dicha perspectiva si se quieren dar respuestas adecuadas que hagan posible avanzar hacia una sociedad más respetuosa con los derechos de los niños/as”.
Aprobación parlamentaria
La aprobación del anteproyecto de ley se produjo el pasado 9 de junio de 2020. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta su puesta en vigor. Durante ese periodo, se produjeron cambios y enmiendas para la redacción final y la aprobación de la misma.
Diferentes organizaciones, así como el Ministerio de Igualdad, trabajan en modificaciones de cara a septiembre. La perspectiva de género es uno de los temas que más se está considerando para incluirlo en la ley, unas modificaciones que no se han realizado antes para no retrasar más tiempo su tramitación.
El 4 de junio de 2021 se produjo la aprobación de la nueva Ley de Infancia y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De tal manera que, desde el pasado 25 de junio, esta nueva Ley Orgánica se encuentra en vigor en España para respaldar y garantizar los derechos de los menores ante la violencia.
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