Revuelo fue lo que causó la última medida propuesta desde el Gobierno español para combatir la difusión de contenidos falsos dentro de sus fronteras, entre el 05 de noviembre, cuando publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, y el pasado 06.
No fue para menos, las salas de prensa, los comentaristas y las reacciones del entorno político opositor y oficialista fluyeron -entre críticas e intentos de aclaración- como río agitado, frente a una ciudadanía que se debate entre la alarma, la indiferencia y el desconocimiento.
Pero, ¿de qué se trata la polémica propuesta? Básicamente el Ejecutivo plantea la creación de un Sistema nacional que prevenga, detecte, alerte y de seguimiento y respuesta a las causas, medios y consecuencias que se deriven de la desinformación.
Este protocolo señala estar inspirado en especial en la política establecida por la Unión Europea para combatir este problema, por medio del “Plan de Acción contra la desinformación”, lanzado por la Comisión Europea (CE) en el 2018 para combatir la circulación de contenidos falsos provocados por terceros países -como Rusia- a fin de interferir en los procesos democráticos de la comunidad y sus Estados Miembros.
La crítica principal contra la nueva medida se sustenta en que la determinación de lo que es considerado como desinformación depende casi exclusivamente del Sistema de Seguridad Nacional, que está conformado por seis órganos responsables, de los cuales cinco son autoridades estatales; los que a su vez serán los que tomen acción contra las campañas desinformativas.
Dado que las opiniones en contra se centran en este aspecto y que el gobierno resalta la influencia de la UE y sus propuestas, en AIKA Educación hemos desarrollado un análisis comparativo del “Procedimiento de actuación contra la desinformación” propuesto por el Estado español con el “Plan de Acción contra la desinformación”, que define ampliamente la política y estrategias para combatir este flagelo recomendada por la UE.
El Sistema público para combatir la desinformación por dentro
El documento oficialista parte de un contexto en el que especifica la importancia del acceso a una información veraz como un pilar democrático, porque es clave en la formación de la opinión pública, especificando que este proceso se ve cada vez más amenazado por “la circulación deliberada, a gran escala y sistemática de la desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. En esto hay una clara coincidencia con el PACD.
Además, el documento cita la definición de la UE sobre la desinformación (PACD), a la que define como «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público», como amenazas a los procesos democráticos y bienes públicos.
Además se ampara en el llamado de la CE a los Estados Miembros para cooperar en la lucha contra esta problemática, planteando así la necesidad de crear el “Sistema Nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y/o consecuencias están relacionadas con la desinformación”.
Para esto, se establecen los siguientes objetivos: identificar y definir las autoridades del sistema; establecer los niveles para la prevención, alerta temprana, respuesta, y evaluación; describir los cometidos específicos para los niveles establecidos en la lucha contra la desinformación; definir los mecanismos para el intercambio de información en los niveles estratégico, operacional y técnico; determinar los mecanismos de evaluación de la implementación y funcionamiento del procedimiento; definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos; y proponer el marco y la composición de un equipo de trabajo ad hoc para la elaboración y revisión de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
Respecto a las autoridades responsables del sistema, el documento oficial ha compuesto una estructura abrumadoramente estatal, la que se constituye con los siguientes organismos:
- El Consejo de Seguridad Nacional: es la Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional y asiste al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional.
- El Comité de Situación: actuará apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con las directrices del Consejo de Seguridad Nacional en gestión de crisis y podrá ser activada por el Director del Departamento de Seguridad Nacional en la lucha contra la desinformación.
- La Secretaría de Estado de Comunicación: encargada de coordinar la política informativa y comunicacional del Gobierno; así como, es el punto exclusivo de contacto con la Unión Europea en la lucha contra la desinformación.
- La Comisión Permanente contra la desinformación: establecida para la coordinación interministerial, lo que recae en la Secretaría de Estado de Comunicación y es dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional.
- Autoridades públicas competentes: conformadas por la Secretaria de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno (DSN), el Centro Nacional de Inteligencia; y los Gabinetes de comunicación de Ministerios, y otros organismos relevantes.
- Sector privado y sociedad civil: refiriéndose a los medios de comunicación, plataformas digitales, academia, sector tecnológico, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.
Asimismo, se establecen cuatro niveles diferente intensidad de actuación. El primer nivel permite una actuación técnica y de detección temprana, por medio de la monitorización y efectuando un análisis primario de la acción desinformativa; y el segundo, se enfoca en realizar una evaluación de las consecuencias de su impacto y proponer medidas para mitigar el evento.
De otro, el nivel 3 se encarga de aplicar la gestión estratégica y política sobre la crisis que pueda derivarse de una campaña desinformativa y tomar decisiones de cara a la misma. Por su parte, el nivel 4 aplicará una gestión política para acometer una crisis desinformativa y dar respuesta esté involucrado un tercer Estado.
La política de la UE versus las medidas del Gobierno
La Comisión Europea ha indicado en su Plan de Acción contra la desinformación (PACD) que para neutralizar este problema hace falta determinación política y una acción unificada de parte de todas las ramas de las administraciones públicas; lo que debe hacerse en estrecha colaboración con socios afines a nivel mundial, como las instituciones de la UE, los Estados Miembros (EM), la sociedad civil, las plataformas en línea y el sector privado.
Para esto, estableció cuatro pilares, que son: “mejora de la capacidad de las instituciones de la Unión para detectar, analizar y exponer la desinformación; refuerzo de las respuestas coordinadas y conjuntas a la desinformación; movilización del sector privado para combatir la desinformación; y aumento de la sensibilización y la capacidad de respuesta de la sociedad a la desinformación”.
En este sentido, si bien la medida establecida por el Gobierno considera dentro de sus objetivos el establecimiento de niveles de desinformación interna y foránea y una actuación de prevención y mitigación en consecuencia, lo que claramente es tomar nota de las recomendaciones de la UE, adolece de la pluralidad que el organismo internacional reclama.
Esto, porque el planteamiento de la UE da el mismo peso en sus pilares a su acción institucional; a la coordinación con los EM´s; la participación de las entidades privadas como las plataformas de social media, los anunciantes, investigadores y verificadores de contenidos falsos; y la alfabetización mediática.
Como ya definimos esto no se considera en la propuesta estatal. Tan es así que dentro de las especificaciones de los actores involucrados en cada nivel y los órganos correspondientes, si bien se precisa la convocatoria de perfiles profesionales, estos tienen un rol complementario, además de que los miembros de la sociedad civil y representantes de la empresa privada serían convocados de considerarse relevante su participación; mientras que para la CE son pieza clave en este ámbito.
De igual forma, la alfabetización mediática que va precisada en el PACD de la UE y alineada con su cuarto pilar no tiene eco en el “Procedimiento de actuación contra la desinformación”. Y es que en los primeros niveles de este sistema solo se contempla una respuesta de comunicación pública y recién en los otros dos niveles se considera una campaña comunicativa. Si el planteamiento gubernamental no especifica, hablamos de medidas relacionadas más con actuar después del daño que en prevenirlo, puesto que la sensibilización y la alfabetización mediática requieren mecanismos que combinen la acción educativa con la comunicación.
En síntesis, el nuevo sistema que propone el gobierno español aunque parte de los propósitos de la Unión Europea, su estructura y mecanismos de acción para combatir la desinformación no se le parecen porque tienen un matiz vertical y esto lo aleja del consenso que enarbola el PACD de la CE.
Aunque se agradece poner el tema sobre la mesa hace falta una participación más paritaria de la sociedad civil, que los medios de comunicación, el sector académico, las plataformas de social media, los partidos políticos, los anunciantes y más actores tengan un asiento en esa mesa, sin olvidar la importancia de fomentar la conciencia crítica de los ciudadanos para que sepan responder al reto de la desinformación y una sociedad polarizada.
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