En los últimos años ha habido un gran número de protestas en todo el mundo, incentivadas por condiciones económicas, por acusaciones de corrupción y mala gestión de las autoridades locales o por restricción de las libertades políticas. Además, las olas de protestas más conocidas, como la de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, también han puesto en el punto de mira la carga que sufren los periodistas negros y de color, así como la discriminación que deben hacer frente en el ejercicio de su profesión.
Ante esta situación, la UNESCO ha publicado un nuevo informe, titulado Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios, en el que alerta el gran incremento a nivel mundial, en la primera mitad de 2020, de ataques por parte de las fuerzas de seguridad a periodistas mientras cubrían manifestaciones, lo que implica una intromisión y amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
Además, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, desde 2015, al menos diez periodistas fueron asesinados durante la cobertura de manifestaciones. A parte, al menos quince periodistas que realizaban la misma tarea sufrieron graves lesiones por el uso de munición viva o balas letales durante el período que abarca el informe (desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2020).
Según los datos recogidos en el documento, en 2015 se dificultó e impidió hasta en quince ocasiones el trabajo de periodistas que estaban cubriendo protestas alrededor del mundo, y en 2019 el número aumentó hasta 32, lo que supone una seria amenaza al acceso a la información a nivel mundial.
El Comité para la Protección de los Periodistas indicó que, en algunas manifestaciones, se produjeron hasta 500 ataques diferentes que causaron en algunos casos lesiones permanentes a periodistas, como ceguera por balas de goma o bolas de pimienta.
Estos ataques no sólo se cometen de forma física, y es que varios gobiernos bloquearon sitios web de noticias y cortaron señales que cubrían protestas. Por otra parte, en uno de los países analizados, los manifestantes impidieron la cobertura de sus acciones al apagar las antenas analógicas de tres estaciones de radiodifusión.
El informe termina con la aportación de recomendaciones dirigidas para todos los actores involucrados en esta problemática. Así pues, aconseja que los medios de comunicación deben prestar atención a las medidas de seguridad, con la utilización de equipos adecuados para cubrir las protestas; los organismos multilaterales deben continuar invirtiendo recursos para la captación de la policía y otras autoridades sobre la libertad de expresión y de prensa en relación con situaciones de protestas, y las autoridades nacionales deben considerar la designación de un defensor del pueblo que asuma la responsabilidad del trato que las fuerzas de seguridad brindan en las protestas.
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