El pasado mes de junio se aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La tramitación parlamentaria es el siguiente paso hasta su aprobación definitiva. Esta ley supone un avance en materia de derechos de la infancia en España donde plataformas de infancia y organizaciones como UNICEF han estado trabajando para su aprobación.
El aumento de la violencia sobre la infancia durante el estado de alarma es algo preocupante. Asociaciones, organizaciones y diversas plataformas de infancia han estado trabajando para dar apoyo y tratar de velar por los derechos de los menores. La aprobación del anteproyecto de ley es un paso más para salvaguardar los derechos de los niños/as y adolescentes. UNICEF Comité Cataluña evalúa el anteproyecto y señala algunos aspectos clave para que la ley salga adelante.
Después de años de mucho trabajo, se ha aprobado por consenso la nueva Ley de Infancia. ¿Cuál es su balance del resultado?
Desde UNICEF celebramos que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Eso significa que se inician los trámites parlamentarios para su aprobación definitiva, que esperamos que se produzca lo antes posible y que se mantenga el amplio consenso en torno a ella. La protección de los niños y niñas ante cualquier tipo de violencia debe ocupar un lugar preeminente, porque las violencias que pueden sufrir- el abuso sexual, la violencia física y verbal, el maltrato, etc.- suponen una muy grave vulneración de sus derechos. Sufrir y experimentar estas violencias tiene unas consecuencias muy nocivas que les afectan a nivel físico, emocional, cognitivo y social, lo que condiciona el poder gozar de una vida y bienestar plenos, tanto en el presente como en la edad adulta, con las consecuencias individuales y sociales que ello supone. Ningún tipo de violencia contra la infancia es justificable. Pero no nos engañemos, sigue presente en la sociedad la idea de que en algunas ocasiones el uso de la fuerza física o el castigo físico son necesarios o educativos. Y no solo eso, sino que a menudo se toleran acciones sobre los niños y niñas que no aceptaríamos sobre los adultos, una consecuencia directa de la mirada que seguimos teniendo sobre las personas de menos de 18 años. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de “Esas cosas se resuelven en casa”, “El entrenador sabrá mejor que nadie cómo tratar a los niños”, o “Nadie debe meterse en cómo educo a mis hijos”?
Más allá de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño – tampoco podemos olvidar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dispone, en el ODS 16, la necesidad de avanzar hacia el fin de la violencia contra la infancia- lo cierto es que el propio Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas encargado de velar por su cumplimiento, hacía años que pedía a España que se aprobara una ley integral para erradicar la violencia contra la infancia y, durante mucho tiempo las organizaciones de infancia hemos estado reclamando avances en este sentido. Por lo tanto, la ley viene a contribuir a esta necesidad, precisamente en un momento en el que la pandemia de la COVID-19, el confinamiento y sus consecuencias, apuntan a un aumento de la violencia contra la infancia.
Del actual texto, en UNICEF valoramos que tenga por objetivo un abordaje integral de la lucha contra la violencia, puesto que pone atención a los diferentes ámbitos en los que se produce: la familia, la escuela, los centros deportivos y de ocio, el entorno sanitario, etc. Además, la apuesta es por generar entornos protectores que garanticen el buen trato hacia los niños y niñas, lo que, más allá de tratamiento y restauración de las situaciones de violencia, requiere de un trabajo de sensibilización, concienciación social y prevención, aspectos contemplados en la ley. Del texto también es de destacar que incorpore la necesidad de dotarse de una estrategia y de una dotación presupuestaria. También el refuerzo de algunas medidas, como la especial protección de los niños y niñas menores de 14 años o con discapacidad para evitar, entre otras cosas, su victimización secundaria, el nuevo cómputo de la prescripción de los delitos más graves y el refuerzo de la obligación de denuncia por parte de la ciudadanía y especialmente de los profesionales. Sí es cierto que se echa de menos en la normativa una especial atención a los colectivos más vulnerables, como son los niños migrantes o solicitantes de asilo o los tutelados que viven en centros de protección o la existencia de líneas de ayuda y denuncia de carácter público para la atención inmediata de los que sufren malos tratos en el hogar. Esta ley da respuesta a la evidente necesidad de un marco jurídico que proteja a la infancia y la adolescencia de cualquier tipo de abuso, desprotección o maltrato.
La ley no hace referencia explícita a los abusos sexuales intrafamiliares, teniendo en cuenta que es el 85% de los casos de abusos ¿cree que debería haberse dado un mayor peso siendo una problemática tan grave en España? ¿Cómo se puede corregir?
Según el Consejo de Europa y su campaña “Start to talk”, el 85% de las personas que abusan sexualmente de niños y niñas son personas que son queridas y respetadas por ellos, pero eso no quiere decir que sean únicamente de su núcleo familiar. La ley aborda la erradicación de la violencia en sentido amplio, pues en el concepto de violencia se incluyen todos aquellos comportamientos y acciones nocivos para la supervivencia y el desarrollo de los niños y niñas, de acuerdo con los estándares internacionales. La ley no se articula por tipos de violencia sino que pone el foco en la necesidad de avanzar hacia entornos protectores para la infancia y la adolescencia, es decir, espacios de buen trato psicológico y emocional, libres de violencia, en el que el conjunto de las personas se comporten respetando sus derechos humanos. Esto va desde tener en consideración aspectos relativos al espacio físico, al entorno psicológico y emocional, al hecho de que las personas sean conscientes y conocedoras de los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia y a favorecer que todas las personas puedan decidir sobre las cosas que afectan a su día a día. Uno de esos entornos es, precisamente, la familia, clave en el fomento y consolidación de la cultura del buen trato. El hogar debe ser un espacio seguro para todos los niños y niñas. Por tanto, el abuso sexual en el seno familiar está incluido en la regulación.
Esta ley supone un gran avance, pero ¿cumple con su objetivo final de proteger a niños/as y adolescentes?
La ley supone un gran avance, pues lo que promueve es un cambio de paradigma en relación al abordaje de la violencia contra la infancia, impulsando que pase de manera definitiva de ser un tema del ámbito privado a una problemática social que debe ser, por tanto, abordada socialmente, y no únicamente desde lo punitivo, sino apostando por la concienciación social y la prevención. Toda violencia contra la infancia se puede prevenir y debemos prevenirla. En cuanto a su eficacia en relación al objetivo propuesto, ahora no podemos analizarla. Debemos esperar a cómo queda la redacción final de la normativa tras su paso por la Cortes Generales y, sobre todo, debemos esperar a su posterior aplicación, para ver hasta qué punto ha dado cumplimiento a los objetivos fijados. De momento es evidente que supone un avance que debemos saber aprovechar en beneficio de todos los niños y niñas.
Algunas expertas señalan que esta ley choca con la Ley de Violencia de Género. ¿Considera que debería hacerse una revisión?
Como no puede ser de otra manera, es importante que la ley incorpore en todo momento la perspectiva de género. Sabemos que las violencias que sufren los chicos y las chicas no son iguales. Los chicos sufren más violencia física y las chicas más violencia sexual. Por tanto, no debemos olvidar la importancia de poner atención a dicha perspectiva si queremos dar adecuadas respuestas que hagan posible avanzar hacia una sociedad más respetuosa con los derechos de los niños y las niñas.También es importante tener en consideración la edad, puesto que las violencias que los niños/as sufren a lo largo de la infancia y la adolescencia varían.
Para que sea efectiva su aplicación, ¿cuales son las medidas que consideráis imprescindibles para poder asegurar los resultados esperados?
Dotarse de un marco jurídico adecuado es indispensable para mejorar las condiciones de vida de las personas, pero solamente con el texto de la ley no es suficiente. Necesitamos ver cómo será su aterrizaje e implementación, cómo se definirá y concretará la estrategia para darle cumplimiento y, sobre todo, los recursos económicos que se pondrán al servicio de sus objetivos. Para generar esos entornos protectores que reclamamos y en los que la ley declara poner foco, son claves aspectos como:
- Tener una buena radiografía de la realidad de la violencia contra la infancia y la adolescencia, por franjas de edad, con información territorial, por colectivos, etc. Sabemos que es una realidad todavía infradetectada.
- Apoyar a las familias con políticas y recursos que contribuyan a evitar la aparición de factores de riesgo, así como trabajando preventivamente con ellas y fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento postparto, los espacios de acompañamiento familiar y el trabajo en pro de una parentalidad positiva.
- Sensibilizar a la sociedad y capacitar y favorecer la especialización de los profesionales, para que conozcan los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia y, en definitiva, sean adultos conscientes. El actuar de los cuales se rija por el buen trato, de ahí una figura como el coordinador de protección y bienestar en los centros educativos, por ejemplo.
- Apoderar a los niños, niñas y adolescentes para que sean más capaces de detectar las situaciones que no forman parte del buen trato y poder reaccionar adecuadamente. ¿Cómo podemos dimensionar la violencia y saber su alcance si los mismos niños y niñas a menudo no son conscientes del hecho que son agredidos y llegan a normalizar lo que no es normalizable? Esto nos obliga a adoptar una mirada diferente y dejar de considerarlos únicamente como víctimas para adoptar otro paradigma basado en el respeto y la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titulares de derechos que son. En esta perspectiva resulta clave que los niños y niñas dispongan de canales seguros para expresarse y denunciar las situaciones que vulneran sus derechos.
Tenemos mucho camino por recorrer, pero lo importante es asentar unos buenos cimientos para poder seguir avanzando y consolidando estos avances.
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